Para cualquier español medio, sin el cerebro fagocitado por el aparato de propaganda del Gobierno, la noticia de la satisfacción de Sánchez por la sentencia del TC sobre la amnistía habrá sido motivo bastante para confirmar sus peores temores, pues la amnistía ha sido, básicamente, el cambio de la impunidad por votos para que Sánchez alcanzara la Presidencia del Gobierno, meta por la que estaba dispuesto a la amnistía, y, si se hubiera terciado, a salir de la OTAN y de la UE, aprovechando que esa tramoya que es el actual PSOE no sirve de freno inhibitorio frente a la autocracia.
Por otra parte, tampoco ha habido sorpresa, pues todo se ha desarrollado conforme al programa tejido entre Sánchez y el Presidente del TC. Las causas de esa feliz entente no las voy a analizar, pero a los hechos me remito desde mi modesta condición de veterano jurista que, aceptando que una Ley de Amnistía puede caber en nuestro orden constitucional, cree firmemente que esta concreta amnistía, rompe el marco de constitucionalidad.
No me voy a detener en la manida argumentación apoyada en la necesidad de “hacer algo en Cataluña” para recuperar la normalidad, pues es una excusa sin fuste, incapaz de tapar la sórdida realidad que no es otra que la necesidad de apoyo parlamentario que Sánchez tenía, a cambio del cual ha aceptado no solo la amnistía, sino también una larga lista de cesiones que no me detendré en enumerar, pues están en cabeza de todos, además de que se trata de una relación de regalos , que parece una hemorragia del Estado, que no se cerrará mientras que los siete votos sean necesarios.
Las reacciones que ha generado la sentencia del TC son la mejor prueba del fracaso del invento
En estos momentos hay que dirigir la atención a las reacciones que ha generado el anuncio de la sentencia del TC, las cuales son la mejor prueba del fracaso del invento. Comenzando por el primer objetivo, que era el glorioso regreso de Puigdemont, es patente que no se va a producir, pues, por razones que merecen otro comentario, por lo oído no se ha incluido al delito de malversación, lo que deja al Líder Visionario sin llegada bajo palio a territorio español.
Eso, a la postre, sería lo menos importante, y tampoco es de especial significación el efecto sobre otras personas que aspiran al beneficio de la amnistía, pues lo cierto es que no hay nadie en prisión esperando a la medida de gracia para quedar en libertad, dejando de lado las inhabilitaciones que pudieran resultar excluidas de la amnistía por derivar del no incluido delito de malversación. Lo más interesante son las reacciones de los Partidos políticos catalanes por boca de sus voceros habituales.
Una primera valoración es que la amnistía “resuelve la represión del Estado español” pero no el futuro de los catalanes, lo que solo se conseguirá mediante un referéndum de autodeterminación. En esa reflexión se incluye una mentira, pues el intento de golpe de Estado de 2017 fue un hecho delictivo y punible, que todavía se considera “injustamente reprimido”, así como una advertencia que echa por tierra todas las estupideces que se han dicho sobre la benéfica pacificación de Cataluña que iba a producir la amnistía, además de la reconciliación de la sociedad catalana partida desde 2017.
El intento de golpe de Estado de 2017 fue un hecho delictivo y punible
Nada de eso, insisten, sin autodeterminación no habrá ni paz ni reconciliación, y, por supuesto, cuando esos mismos personajes que hablan en nombre de Junts, de ERC, de la CUP, o de organizaciones “culturales” separatistas, al referirse a lo que sienten y desean los catalanes limitan esa condición exclusivamente a los que les votan a ellos. Los demás no merecen ser reconocidos como tales y, en todo caso, no tienen que opinar porque son traidores a una causa avalada por la historia y por una indiscutible realidad del abuso de España sobre Cataluña, infamia ante la que, por cierto, nada dice el PSC.
Es interesante el razonamiento sobre el que se construye la Sentencia, según la cual la Ley de Amnistía no pretende en modo alguno cuestionar la legitimidad y corrección del ordenamiento jurídico vigente al tiempo de los hechos, ni tampoco negar el carácter delictivo de los hechos que con ella quedan amnistiados. Más aún: reconoce que lo que sucedió hay que atribuirlo, esencialmente, a los que cometieron los actos delictivos y rompieron las reglas de la convivencia democrática, y en ningún caso al Estado de Derecho, que cumplió con su obligación.
Pero, siempre según la Sentencia, sucede que, por razones ajenas al derecho penal, el Estado ha de enfrentarse a una realidad en la que se ha hecho imposible la normalidad de la vida política en Cataluña, lo cual explica el surgimiento de un interés público en recuperar esa normalidad, y eso pasaba, en estas circunstancias, por la excepcional renuncia al ejercicio del ius puniendi en la seguridad de que de ese modo se conseguirían resultados beneficiosos para la convivencia pacífica y democrática. La Ley de Amnistía no pretende, se dice, cuestionar la necesidad de que ciertas conductas contrarias al orden constitucional tengan carácter delictivo (¡faltaría más! piensa el observador). Estamos ante una situación anómala que exige decisiones que, evidentemente, han de salir del modo normal de aplicación del Derecho.
Muchas de esas finalidades pacificadores se hubieran podido alcanzar con indultos
Resumiendo, pues, la Ley de Amnistía es solo un paréntesis impuesto por la necesidad de devolver a Cataluña un modo de convivencia normalizado, además de restaurar su lesionado encaje en el Estado.
¡Qué manera más asombrosa de deformar la realidad! Por supuesto, los magistrados que suscriben la sentencia estarán convencidos de lo que dicen, y no se puede sostener lo contrario sin traspasar la raya del respeto debido. Pero dicho eso es evidente que no ha tenido la menor influencia en su ánimo el comportamiento público de Junts y de ERC, las declaraciones de sus líderes, la continua reclamación de más y más competencias para Cataluña, quebrando gravemente la mínima unidad del Estado, por no entrar en los gravísimos insultos proferidos contra la Monarquía, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la entidad misma de España como Estado habituales en los portavoces independentistas.
Nada de eso tiene importancia, como tampoco la tiene – yendo a otro tema – que muchas de esas finalidades pacificadoras se hubieran podido alcanzar con indultos, en lugar de con una Ley de Amnistía llena de vicios jurídicos insuperables, pero, el problema era que no beneficiaba a Puigdemont, el fugado con el que abiertamente negocia el PSOE.
La normalización de Cataluña no llegará hasta el que el actual Gobierno desaparezca
Ya sé que se puede argüir que el TC es el máximo órgano en orden a determinar la constitucionalidad de una norma, pero esa posición del TC en la estructura del Estado no es la prueba de la máxima sapiencia y rigor. En todo caso, a las pruebas me remito: la respuesta inmediata a la Ley “pacificadora y normalizadora” ha sido “aceptar” que el “Estado español” se arrepienta de su injusta represión de las libertades y exigir un referéndum de autodeterminación.
A los impotentes espectadores solo nos queda esperar que Sánchez no dure tanto en el poder como para tener que acceder también a eso a cambio de los 7 votos, pues, visto lo visto, posiblemente, sería capaz de hacerlo. Por esa razón la “normalización” de Cataluña, como bien saben y temen los independentistas, no llegará hasta que el actual Gobierno desaparezca.
