Vientos de cambio en la política española… o no. El Gobierno sanchista ha presentado hoy el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, un ambicioso y escueto documento que promete un «enfoque integral contra esta lacra« -grandilocuentes palabras para un contenido casi nulo- que, al analizarse con detalle, evidencia un alto grado de reciclaje de medidas ya anunciadas o incluso en vigor, soluciones de constatada ineficacia y una preocupante falta de autocrítica.
🔴 ANUNCIO: El Gobierno de coalición progresista propone la aprobación de un Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción, dotado de 15 medidas.@sanchezcastejon presenta sus principales medidas, siguiendo los cinco ejes que lo integran.#Adelan7e pic.twitter.com/UJzvlQHDJx
— PSOE (@PSOE) July 9, 2025
El plan se resume en 15 medidas, e incluye propuestas como la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública para coordinar políticas anticorrupción -una medida ya sugerida en informes previos y mencionada por el propio Ejecutivo desde hace años-, así como la aprobación de leyes largamente aplazadas como la Ley de Administración Abierta o la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés -ley de lobbies-. También reitera mecanismos ya existentes, como los mapas de riesgo de integridad en la contratación pública o el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, medidas que ya figuran en normas vigentes y no han evitado absolutamente nada. Instituciones del Estado para controlar al Estado… ¿qué puede salir mal?
Y es que aquí reside el problema de fondo. El imaginario colectivo -con la inestimable ayuda del conglomerado mediático amigo- ha integrado como dogma que la corrupción se genera por falta de incidencia pública. No. Lo público es tan o más susceptible de ser corruptible como lo privado. Ampliar el rol del Estado en estas cuestiones y crear nuevas instituciones no asegura transparencia y fiscalización; aumenta la red de influencia partidista, monopoliza la tarea de intervención y opaca aún más el desarrollo de la vida pública. En el mejor de los casos, este Plan es papel mojado. En el peor, supone la neutralización de los pocos contrapesos que quedaban en el país.
Lo más llamativo, pero, es sin duda el notable esfuerzo del documento -en algún sitio debía notarse el trabajo acometido- en desviar el foco hacia el sector privado. Gran parte del plan pone énfasis en endurecer sanciones a empresas “corruptoras” -término de moda acuñado por la prensa afín-, en crear listas negras de compañías inhabilitadas y en imponer controles de compliance obligatorios.
Las únicas medidas prometedoras son técnicamente ambiciosas; tanto que ya sabemos que no se van a implementar. Se habla de la digitalización del portal de contratación mediante inteligencia artificial o la introducción del decomiso administrativo, sin fijar plazos concretos para su puesta en marcha ni comprometer recursos específicos, dejando todo en el aire. Lo que viene siendo un brindis al sol.
El plan también incluye acciones simbólicas, como campañas de concienciación y encuestas sobre percepción de la corrupción, mientras que otras propuestas, como la ampliación de controles patrimoniales a altos cargos, ya existen en la normativa vigente y son sistemáticamente sobrepasados o directamente incumplidos.
El documento es un ejercicio de imagen, no un compromiso real.
