Un diario afín al régimen sanchista publicaba el 11 de julio la noticia de que Sánchez va a intentar blindar sus corruptelas haciendo nuevas concesiones a sus socios parlamentarios para arrastrar la legislatura unos meses más: al PSC de Salvador Illa y al PNV de Esteban y Pradales. Para ser investido presidente, el 16 de noviembre de 2023, Sánchez no sólo tuvo que enviar a su emisario Cerdán, hoy encarcelado por pertenencia a organización criminal, a pactar con un prófugo de la justicia una ley de (auto)amnistía, redactada por los propios delincuentes condenados por el Tribunal Supremo y otros buscados todavía por la justicia, sino que tuvo que enviar al letrado mayor del Reino, Bolaños, ministro de (in)justicia, para asegurar a ERC que los ciudadanos de Cataluña tendrían una financiación singular o, dicho en español inteligible, un trato privilegiado.
Han pasado casi dos años desde las elecciones generales del 23-J y los logros del gobierno Sánchez producen escalofríos. La aprobación de la ley de autoamnistía, la condonación de 17.104 millones de deuda a la Generalidad de Cataluña, los acuerdos para traspasar el control de la inmigración y vigilancia de fronteras, la imputación del fiscal general por revelar información de un contribuyente, la imputación de Ábalos, mano derecha, ministro y secretario de organización del PSOE, la imputación de la esposa y el hermano del presidente, la imputación de Cerdán, digno sucesor de Ábalos al frente de la secretaría de Organización, a cuyas hazañas en Flandes hay que sumar las conseguidas en el País Vasco. Al enumerarlas uno se queda sin aliento al comprobar la estulticia de quienes se dedican a trocear la soberanía nacional y ponerla en venta para seguir gobernando
Las traiciones del PSC
Quienes padecimos los gobiernos tripartitos presididos por Maragall (2003-2006) y Montilla (2006-2010), pudimos constatar desde el primer día como se desvanecía nuestra esperanza de poner fin a la deriva nacionalista puesta en marcha por los gobiernos de Jordi Pujol a partir de 1980, con la connivencia activa y pasiva de los gobiernos de España, del PSOE hasta 1996 y del PP hasta 2004. Fue precisamente en 2005 cuando algunos catalanes dimos el paso que correspondía dar en un momento tan grave y fundamos Ciudadanos de Cataluña en junio de 2006.
Resultaba urgente levantar la bandera de la igualdad y la convivencia para frenar la deriva nacional-secesionista que los gobiernos del PSC y ERC proseguirían con redoblada determinación y ahínco. La irrupción de Ciudadanos en el panorama político catalán resultó, sin embargo, insuficiente para frenar el deterioro institucional y la quiebra de la convivencia durante los gobiernos presididos por Mas (2011-2016) y el prófugo de Waterloo (2016-2017) que, como todos sabemos, culminaron con la proclamación de la independencia el 27 de octubre de 2017 (27-O).
El presidente Rajoy destituyó al gobierno de la Generalidad y disolvió el Parlamento de Cataluña, pero no se atrevió a suspender la autonomía y el autogobierno, una medida indispensable para haber aclarado los entresijos del golpe. Así que, pasados unos pocos meses, la tensión y la violencia volvieron a estar muy presentes durante los gobiernos presididos por Torra (CDC-JuntsxCat), desde mayo de 2018 hasta su inhabilitación en septiembre de 2020, y por Aragonés (ERC) desde septiembre de 2020 a agosto de 2024. El encarcelamiento, juicio y condena por sedición y malversación de los líderes independentistas no huidos fue el detonante y grupos organizados decidieron poner de nuevo a prueba la resistencia del Estado. Y el gobierno de Sánchez, necesitado de los votos de los partidos nacional-secesionistas en el Congreso, se doblegó a las exigencias de Junts y ERC e indultó a los golpistas condenados por sedición y malversación en junio de 2021 para seguir gobernando con su respaldo.
Illa, fiel a la tradición del PSC
Sin duda, el mayor triunfo de los golpistas se produjo cuando Sánchez se avino a registrar en el Congreso la ley de amnistía tres días antes de ser investido presidente el 16 de noviembre de 2023. Los socialistas del PSOE y el PSC habían reiterado una y otra vez que la amnistía no cabía en nuestra Constitución, e Illa, cristiano humanista y político fiable donde los haya, había asegurado también que no habría amnistía ni referéndum de autodeterminación. No hace falta insistir demasiado porque todos hemos escuchado a Illa defender, tras aprobarse la ley de amnistía, la constitucionalidad de una norma que rechazaba por inconstitucional no hace tanto tiempo. Traición sobre traición, engaño sobre engaño.
El triunfo electoral del PSC en las elecciones autonómicas de mayo de 2024, posibilitó a Illa ser investido presidente sólo tras acordar con ERC desligar la hacienda catalana de la española. Como buen socialista, defensor de la igualdad, Illa ha asumido que Cataluña merece administrar los impuestos devengados en suelo catalán y negociar bilateralmente con España su aportación al sostenimiento del Estado. Obviamente, cada euro de esos impuestos que llegaba a las arcas del Estado y ahora va a quedarse en las de la Generalidad implica necesariamente que los catalanes van a ser tratados mejor que la mayoría del resto de españoles, de todos excepto los residentes en el País Vasco y Navarra que gozan ya de unos privilegios que el buen socialista Illa quiere también para los residentes en Cataluña.
Si a Maragall le debemos el Estatut de la discordia aprobado el 30 de septiembre de 2005 y a Montilla la convocatoria de la primera manifestación contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010, Illa tiene ya en su debe las mentiras sobre la amnistía y sus turbios acuerdos con ERC para que Cataluña goce de una financiación singular, privilegiada. Cuando el presidente de la Generalidad de Cataluña rechaza que los recursos de los impuestos estatales se distribuyan en función de algún indicador objetivo, como por ejemplo la población ajustada, y exige negociar bilateralmente la aportación de la Generalidad al Estado, resulta inescapable concluir que busca obtener una financiación privilegiada para los residentes en Cataluña.
Que nadie diga que el PSC es un partido progresista, defensor de la igualdad de oportunidades, porque en la práctica demuestra cada día su inclinación por ahondar la desigualdad entre los ciudadanos y obtener ventajas a costa de los demás. Así ocurrió con la condonación de 17.104 millones de la deuda contraída por la Generalidad con el Estado, cuando la aplicación del criterio de población ajustada habría resultado en una condonación de tan sólo 10.249 millones. Redistribuir la deuda común empleando reglas ad hoc es parte también de la trama corrupta urdida por Sánchez para comprar voluntades en el Congreso y mantenerse en Moncloa.
Pero lo que se nos viene ahora encima va a ser mucho más grave si no logramos detenerlo antes de que se consume el dislate. Supongan que Sánchez acuerda con Illa que la Agencia Tributaria Catalana recaude todos los ingresos de los impuestos estatales devengados en Cataluña y la aportación de la Generalidad al Estado se negocie bilateralmente de tanto en tanto. Pues bien, el escenario que podría presentarse en los próximos meses puede considerarse una auténtica pesadilla. El prófugo de Waterloo termina siendo amnistiado, regresa a Cataluña y vuelve a presidir el gobierno de la Generalidad. ¿Se imaginan a la ministra de Hacienda de turno negociando con el prófugo la aportación de Cataluña al sostenimiento del Estado español? No hay forma más segura de reducir a nada el poder negociador que ceder ahora el control de la pasta a quien nada quiere saber contigo y asegura que el Estado tiene una deuda histórica de 500.000 millones con Cataluña. Por la cuenta que les trae, las demás Comunidades de régimen común deberían estar desenterrando ya las hachas de guerra.
