Tras los escándalos de presunta corrupción que han conmocionado la política española, el gobierno ha anunciado una serie de medidas que han sido consideradas como meros parches para hacer ver que se afronta el problema, pero sin las reformas que solicitan entidades como, por ejemplo, España Mejor.
Todos sabemos que, como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. De esta obvia realidad se desprende una consecuencia inmediata: si se quiere limitar la corrupción, estamos obligados a limitar el poder de los gobiernos, establecer controles reales e independientes, limitar la presencia estatal en la actividad económica. Nada de eso se ha abordado seriamente en las medidas anunciadas. Al contrario, la reforma judicial en curso con la potenciación del papel de la fiscalía, dependiente del poder político, no va a hacer nada más que disminuir la persecución de la corrupción , al menos de la que emana del gobierno de turno.
Cuando se analizan los casos de corrupción vemos que se pueden clasificar en dos grandes bloques, a menudo entremezclados: el enriquecimiento personal de responsables políticos y conseguidores afínes y la financiación de los partidos políticos. No es extraño que en muchos casos los encargados de la recaudación acaben haciendo negocios por su cuenta, aunque no ha sido así en todos los casos. Ha habido personas íntegras en lo personal que no se han lucrado para nada y han acabado siendo cabezas de turco por la responsabilidad orgánica que han desempeñado.
En España la financiación oficial de los partidos políticos es esencialmente pública. Los partidos se financian, básicamente, por las subvenciones que otorga el estado en función de los resultados electorales. Esta financiación es siempre insuficiente especialmente en momentos de retroceso electoral. La financiación privada, la aportación de empresas, o incluso particulares, a los partidos está absolutamente restringida por la ley de financiación de los partidos.
Esta regulación tiene un objetivo evidente: proteger el statu quo, dificultar al máximo la entrada de nuevas formaciones políticas al tablero político. Por eso no es cuestionada por ninguno de los grandes partidos. De hecho toda la regulación de los partidos políticos, su régimen interno, la financiación, el sistema electoral, fueron diseñados para dar la máxima estabilidad al sistema político, para fortalecer a las grandes formaciones. Tenía su sentido en el momento en que se hizo, pero más de 45 años después esa legislación ha generado contraindicaciones de todo tipo que están lastrando la democracia en España.
Centrándonos en la financiación se parte de la base que la financiación privada es pecado. Para un nuevo jugador la única vía, para tener opciones reales, es obtener créditos de las entidades financieras, alternativa que , a día de hoy, esta prácticamente cerrada por el endurecimiento de la normativa bancaria después de los numerosos casos de no devolución de los créditos que acabaron en quitas y/o liquidación de partidos.
La excusa para no abrir la financiación a empresas y personas es una mentira repetida: Favorece a la derecha dice la izquierda. El capital es de derechas. Al PP ya le va bien el sistema y no cree que si la financiación es transparente vaya a resultar necesariamente favorecido. Tenemos el ejemplo americano. El partido demócrata lleva mucho tiempo, la última vez en la pasada campaña, recaudando mucho más que los republicanos, a pesar de la aparición estelar de Elon Musk (donante demócrata hasta esta ultima campaña).
Es lógico que las grandes multinacionales están alineadas con la agenda globalista. Depende de los estados que son los grandes inversores y llevan a cabo las políticas que les convienen. Eso, hoy, lo hace mejor la autodenominada izquierda. En todo caso, y al margen de otras consideraciones, es mucho más limpio saber quién paga las campañas y obrar en consecuencia que estar en la oscuridad de la financiación ilegal y de la corrupción. Y, además, libera a los ciudadanos de mantener a los partidos con sus impuestos.
Con esto no acabaremos con la corrupción. La ambición de dinero y poder es consustancial a la mayoría de seres humanos, pero al menos reduciremos la financiación ilegal de los partidos y sabremos que las farmacéuticas y Soros y Gates son demócratas y las compañias aéreas o Elon Musk han financiado a los republicanos. A partir de ahí que cada cual tome sus opciones. Menos hipocresía y más transparencia sería un avance aunque no sea una panacea que no existe.
