Llegó la fecha clave, ese temido pleno monográfico sobre corrupción en el que Pedro Sánchez debía responder ante sus socios y argumentar por qué deben seguir apoyando a su gobierno tras la entrada en prisión de Santos Cerdán por un presunto caso de corrupción en el que también participó el anterior secretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos.
Sánchez llegaba a la cita con el partido en depresión profunda tras un Comité Federal en el que no solo no consiguió satisfacer las exigencias de sus socios, sino que volvió a fallar en su elección de personal. El nombramiento fallido de Paco Salazar como secretario de Organización Adjunto, frustrado por acusaciones de acoso sexual, volvía a dejar a Sánchez y su entorno más cercano al pie de los caballos.
El miércoles, sin embargo, Sánchez echó mano de su manual de resistencia, ‘compró’ las recetas de Sumar para aplacar los rumores de motín en la mayoría progresista y salió vivo del Congreso. Lo hizo pese a las serias advertencias lanzadas desde Junts, el PNV o ERC, amén de los siempre díscolos diputados de Podemos. Pero quedó claro que el PP no tiene margen de maniobra para forzar elecciones. Por mucho que recurra al suegro de Sánchez y sus supuestos prostíbulos, en una maniobra de dudoso recorrido cuando tiene al PSOE a tiro por un caso de corrupción orgánica mucho más grave.
La política española se ha acostumbrado a las descalificaciones personales de la peor factura, probablemente la única herencia realmente tangible de esa nueva política que en su día nos prometieron Pablo Iglesias y Albert Rivera. Ellos mismos tuvieron que sufrir después, en primera persona, las consecuencias de convertir al rival en enemigo y deshumanizarlo. Y así nos luce el pelo.
Con el tiempo las descalificaciones han subido en decibelios, y lo mismo da acusar de proxeneta al presidente del Gobierno que de asesina a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una tensión frentista que hasta ahora había servido al PSOE para mantener viva su batalla contra la derecha y la extrema derecha. Parece que ya no.
Sánchez sobrevivió el miércoles al examen de sus socios, pero los votantes son arena de otro costal. Lo confirmaba el CIS este viernes, con una caída de siete puntos de los socialistas, que prácticamente empatan con el PP -según Jose Félix Tezanos– tras el estallido del ’caso Cerdán’. El gran de beneficiado de la crisis no es otro que Vox -quizá eso explique la inusitada dureza de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso- que alcanza su máximo histórico con una intención de voto que roza el 19%.
La próxima semana la destinará el presidente del Gobierno a atar las alianzas que consiguió salvar el miércoles cumpliendo algunos de las promesas a ERC, PNV y Junts. Aunque eso volverá a tener costes en su credibilidad.
El precio más alto es el que tendrá que pagar el lunes, cuando se reúna la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para presentar el acuerdo sobre financiación singular prometido en su día a los republicanos. No parece que el lunes vayamos a conocer el modelo completo. Lo más probable es que el acuerdo se centre en la cesión a la Generalitat de la recaudación del IRPF, un objetivo largamente ambicionado por el nacionalismo que a buen seguro pondrá en pie de guerra al resto de las comunidades autónomas.
Las críticas, esta vez, no solo vendrán del PP. Emiliano García Page y Adrián Barbón, los presidentes socialistas de Castilla- La Mancha y Asturias, ya han dejado clara su oposición a este acuerdo, que rechazan también, por supuesto, todos los presidentes del PP. Solo las comunidades forales de País Vasco y Navarra, al margen del régimen común, guardan silencio sobre la cita.
El miércoles será el día de rendir cuentas con los nacionalistas vascos, en un encuentro en Bilbao que debe servir para concretar la cesión de las pensiones al gobierno autonómico. Poco más le queda ya por arañar al gobierno vasco sin salir perdiendo en el canje.
También Junts tiene un día señalado en el calendario de la próxima semana. El viernes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, protagonizará un nuevo intento de convencer a los socios comunitarios de las bondades de convertir al catalán, euskera y gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea a todos los efectos. No parece que la presidencia danesa de la UE sea más sensible que sus antecesores a esta exigencia, pero Albares ya ha desplegado toda la gesticulación necesaria para que a Junts le quede claro que, si no se aprueba, no será por culpa del Gobierno.
Tras asumir como propias las medidas anticorrupción de Sumar, Sánchez confía en mantener la cohesión de la mayoría del Congreso con los acuerdos de la próxima semana y llegar así al otoño, cuando los tribunales deben publicar nuevas sentencias sobre la Gürtel. Siempre que la UCO no siga desvelando nuevos informes que den al traste con la frágil estabilidad conseguida esta semana. Y mientras, los votantes toman nota.
