Profundamente decepcionante. Así ha calificado Antoni Castellà, vicepresidente de Junts, el acuerdo entre Generalitat y Moncloa sobre el ya conocido como «financiamiento singular/general». Financiamiento cuántico, vamos. Para Junts, la propuesta debía oscilar exclusivamente sobre el déficit fiscal, que cuantifican en 22.000 millones de euros que salen de las arcas catalanas y que ya no se ven compensados en la cesión de servicios para los catalanes. El pacto anunciado hoy, denuncian, es poco más que una cesión administrativa, que compensa en 0 euros el desequilibrio.
Tal y como ha recordado en diversas ocasiones Castellà, Esquerra Republicana de Catalunya justificó en su día la investidura de Salvador Illa como President de la Generalitat a cambio de un concierto económico, es decir, la recaptación de los impuestos; no su gestión. Esa promesa se rompe ahora, al menos si interpretamos la forma en que se ha presentado hoy el texto como su versión definitiva. Si ERC tomará o no medidas contundentes al respecto está por ver, aunque la experiencia -pese al Sí vigilant de Jové Lladó- invita a pensar que no.
La cosa, se asegura desde los sectores más críticos, estava cantada. La inviabilidad de la promesa oscilava sobre dos referentes. Pimero; el PSOE siempre cumple su palabra a medias. Jamás hay una cesión política plena, mucho menos un cumplimiento total y tangible de los acuerdos alcanzados. No hace falta ser politólogo para ver los antecedentes y llegar a esta conclusión. Segundo; el concierto, planteado ya en su última forma -singular pero general, constitucional pero federalista, propio pero solidario- es económicamente inviable para el Estado. En su concepción actual, centralizado y sobredimensionado, los números no dan para el mantenimiento de la Administración, punto. ¿Alguien de verdad creía que el Gobierno firmaría de buen grado su sentencia de muerte? El elector, menos informado, quizás. El político, no.
Se levantan ahora una serie de preguntas por lo que se refiere a la establidad de los disntintos Gobiernos socialistas. Junts y, presumiblemente, ERC, no están contentos. De ellos, recordemos, dependen tanto Sánchez como Illa, cada uno con sus particularidades aritméticas y contrapartidas electorales. En un país con más consecuencia política, esto abriría la puerta a planternos adelantos electorales, pero la actual correlación de fuerzas tanto en Catalunya como en España no acompañan esta tesis. En Madrid, hacer caer al Gobierno, supone con casi toda seguridad la entrada de PP -y quizás VOX- en Moncloa. Si el trato que se percibe para con Catalunya les parece incorrecto, la alternativa sería peor. A su vez, Junts disfruta ahora de relevantes cargos en la administración estatal, que colocan a sus más fieles cargos en puestos de incidencia y alta remuneración pública, una cuota de poder a la que no van a renunciar. En Catalunya, el escenario tampoco es favorable. Aliança Catalana pisa los talones a ambas formaciones. En las comarcas de interior, las tesis inequívocamente unilateralistas de Orriols hacen peligrar al votante republicano. En Barcelona, el discurso antiinmigracionista y pro-economía de mercado desbanca a Junts. Las cosas no funcionan como querrían con el socialismo, es cierto, pero la alternativa es aún peor. Si uno tuviera que poner la mano en el fuego, diría que veremos agotar ambas legislaturas.
