Nos olvidamos de la DGAIA. Tras la transmutación en DGPPIA el pasado 3 de junio mediante un decreto de reestructuración, anunciada por la consellera Mònica Martínez Bravo, la estructura de protección al menor catalana vuelve a copar titulares.
El caso, recordemos, llegó tras la erupción de un escándalo múltiple; el caso de una menor tutelada de 12 años víctima de explotación sexual, una serie de denuncias y auditorías que pusieron en entredicho la gestión de la DGAIA. Entre ellas, destacan unos audios filtrados por un trabajador social de la Fundació Resilis, que apuntaban a prácticas irregulares como la falsificación de documentos para cobrar ayudas indebidas. A su vez, un informe de la Sindicatura de Comptes detectó adjudicaciones sin justificar, prórrogas irregulares de contratos y pagos por menores inexistentes –plazas fantasma-, en operaciones que comprometen 944 millones de euros entre 2016 y 2020. Casi nada.
La Fundació Resilis, integrada en la red Plataforma Educativa, fue una de las entidades más beneficiadas durante ese periodo, con contratos por más de 80 millones. Esta red agrupa diversas fundaciones vinculadas al ámbito social, algunas de las cuales comparten directivos o han mantenido vínculos con la administración. Un entramado que huele a chamusquina.
Bien, pues a pesar del anuncio de renovación, la continuidad de las adjudicaciones ha despertado suspicacias. De acuerdo con las informaciones publicadas por l’Alternatiu, el pasado 23 de junio, el Departament de Drets Socials otorgó 4,5 millones de euros en subvenciones directas a entidades de Plataforma Educativa, dentro de una convocatoria anticipada que prevé repartir más de 200 millones para los ejercicios 2025 y 2026.
Ante esto, el alcance real de la reestructuración y su capacidad para resolver las deficiencias del modelo anterior queda en entredicho. Los mecanismos de control no han mutado; tampoco la fiscalización ni las valoraciones previas de los expedientes. Ya existían antes del estallido del escándalo, indicios de gestión irregular como los que ahora se presentan. La principal preocupación tras el anuncio de reestructuración era que se tratara de una operación de maquillaje sin cambios funcionales reales. Tras la constatación de las primeras partidas presupuestarias asiganadas, parece que se confirma, presuntamente, el temor.
