El socialismo suma amigos en Europa. Ayer, la Comisión llevó al TJUE la Ley de Amnistía por «no mirar por el interés general y responder a intereses políticos». Hoy, la misma institución ha abierto un procedimiento formal de infracción contra España por considerar que su normativa nacional vulnera la legislación comunitaria en materia de supervisión bancaria y libre circulación de capitales. ¿El desencadenante? La intervención «desmesurada» del Gobierno español en la OPA lanzada por el BBVA sobre el Sabadell.
Bruselas es tajante: las disposiciones legales españolas otorgan al Ministerio de Economía un poder de intervención excesivo y discrecional en operaciones bancarias, competencia que debería recaer exclusivamente en el Banco Central Europeo y en las autoridades independientes. La Comisión denuncia que este marco legal crea incertidumbre regulatoria, desincentiva la inversión y supone una barrera injustificada a la libertad de establecimiento y movimiento de capitales.
Sánchez tiene ahora un plazo de dos meses para presentar alegaciones. Si la respuesta no resulta satisfactoria, podría emitir un dictamen motivado e incluso llevar el caso ante el TJUE, abriendo la puerta a severas sanciones económicas.
La intervención del Ejecutivo sanchista en la OPA, formalizada en junio con la imposición de condiciones prohibitivas, ha sido vista con recelo y suspicacia en los mercados y en las instituciones europeas. El expediente cuestiona la legalidad del marco jurídico que ha permitido al Consejo de Ministros imponer requisitos tan restrictivos. La resolución no es sorpresiva. El exceso regulatorio del Gobierno a la hora de tratar la OPA ya fue percibido por los observadores como un subterfugio para dinamitar el proceso sin prohibirlo directamente. La postura de la Comisión respalda ahora ese sentir.
