El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha anunciado, a través de un comunicado, que incentivará el monolingüismo a base de chequera entre el funcionariado catalán de la Administración de Justicia.
Con el beneplácito de los sindicatos
Por primera vez en la historia, el uso del catalán entre los profesionales será premiado con retribuciones económicas. Este complemento de productividad quedará supeditado al uso del catalán en la documentación judicial y en las nuevas oficinas impulsadas por la Ley de Eficiencia.
La medida, promovida por el Gobierno de Salvador Illa, cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios: STAJ, CSIF, CCOO y UGT. No obstante, aunque el acuerdo ya ha sido suscrito, las compensaciones económicas no se abonarán hasta 2026. Sin embargo, el proceso de evaluación lingüística comenzará este mismo año.
Comisión paritaria e inconstitucionalidad
Para ello, el Ejecutivo socialista ha constituido una “comisión paritaria de seguimiento”, integrada por representantes sindicales, que se encargará de “la correcta aplicación del modelo, la resolución de incidencias y la propuesta de mejoras”.
Sin embargo, la implantación de estos complementos podría resultar jurídicamente inviable a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La sentencia 31/2010, relativa al Estatut de Catalunya, ya modificó el artículo 6.1 que establecía la primacía del catalán sobre el castellano, subrayando que no puede darse otro escenario que el de la coexistencia en igualdad de condiciones. De lo contrario, se incurriría en un incumplimiento deliberado del artículo 3 de la Constitución Española.
