«Esto no es un juzgado de guardia«. Claro y conciso. Esta ha sido la respuesta del Tribunal Constitucional a las prisas del equipo de defensa de Carles Puigdemont, que solicitó de manera algo tosca amparo al TC para recurrir la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación que se le imputa y la aprobación de una cautelarísima para neutralizar de un plumazo la orden de detención internacional.
Las prisas del equipo legal de expresident no son casuales. El TC celebra esta semana su útlimo pleno antes de las vacaciones de verano, por lo que toca esperar hasta septiembre. La respuesta, en contra de la narrativa processista, no es ninguna suerte de represalía. La petición para una cautelarísima de Puigdemont supondría decidir si se suspende la orden de detención que pesa sobre su persona sin escuchar al fiscal ni ninguna de las partes personadas.
La toma de decisión se prevé por lo tanto en septiembre, aunque la situación de Puigdemont es excpecional. Su defensa eleva esta petición al Constitucional aduciendo que la cautelarísima es la única via para restablecer las libertades personal del expresident, hoy «coartadas» tras el aval del propio TC a la amnistía, que invalida a su criterio la obstinación del TS en mantener la orden. El Tribunal recuerda, por su parte, recuerda que el líder independentista lleva en situación de rebeldía -prófugo de la ley- desde 2017, adquiriendo su caso en particular una nueva dimensión de complejidad y consideraciones a debatir.
La respuesta del TC ha sido celebrada por los sectores más críticos contra la amnistía, que señalan con agudeza la hipocresía que supone que Carles Puigdemont reclame ahora amparo a las instituciones cuya autoridad pretendió anular en Catalunya. El proceso se prevé largo y tedioso para ambas partes, sin un resultado claro en la resolución del Constitucional.
