Por Fernando Pradell, coordinador sectorial de Seguridad en SCC
Estas pocas líneas no pretenden hacer una profunda reflexión sobre la realidad de la inseguridad ciudadana que se padece en numerosos barrios, pueblos y ciudades de nuestro país, pero sí alertar de esa objetiva existencia que la sociedad va percibiendo, de motu propio, y que va impregnando su día a día.
Los objetivos que se marca cualquier sociedad para intentar alcanzar el máximo bienestar de su Comunidad no sólo van asociados al hecho de disponer de más equipamientos, servicios, prestaciones, organismos… El estado en los que se salvaguardan esos servicios, la defensa de los espacios públicos, el cuidado de la convivencia diaria, la protección de los derechos de los demás,…y no a la inversa,…con el deterioro o mal estado del espacio urbano de todos, las reiteradas ocupaciones en bienes privados, el vandalismo en el mobiliario y en sus espacios públicos, la conquista dominante por determinados grupos de zonas de uso común, recalcitrantes molestias entre vecinos, reyertas y ruidos constantes e innecesarios, consumo de alcohol i estupefacientes en parques y plazas, venta ambulante invadiendo el espacio de tránsito público, la existencia de zonas públicas de atracción delictiva, transacciones de productos procedentes de hurto/robo, conducción de vehículos de forma negligente cuando no temeraria,…son factores tanto o más relevantes para garantizar una buena calidad de vida de su ciudadanía.
Por otro lado, los conceptos de “policía” y “orden” hacen referencia al mantenimiento de un orden preestablecido y determinado como elementos estrechamente relacionados que constituyen un sistema democrático de seguridad y tranquilidad pública.
A priori, se reconoce que una de las funciones básicas de la policía, en primer término, “…es el PREVENIR el crimen y el desorden” (Sir Robel PEEL), para a continuación responder a aquellos determinados comportamientos individuales, o colectivos, que puedan perjudicar al resto de la sociedad aplicando los reglamentarlos de tal manera que puedan incidir en la mejora de la convivencia comunal. En nuestra sociedad esta función es patrimonio del Estado.
A nadie se le escapa pues la importancia del orden en múltiples esferas de nuestras vidas. Uno de los mejores violoncelistas de todos los tiempos, defensor acérrimo de la paz, la democracia, la libertad y los derechos humanos, le indicaba a uno de sus alumnos en una de sus soberbias Máster Class, “…cuando toques piensa en la libertad, en la democracia,…PERO CON ORDEN”.
Así, una de las características primordiales de un moderno Estado democrático como el nuestro es, justamente, estar en posesión del monopolio del ejercicio de la actividad policial para velar por la tan necesaria convivencia ciudadana, limitando, con garantías jurídicas, la libertad individual en beneficio de la Comunidad. En definitiva, sólo el Estado está habilitado para el establecimiento de normas y medidas coercitivas y, en su caso, coactivas, orientadas al mantenimiento de la seguridad y el orden. De igual manera, sólo el Estado puede acudir legítimamente al uso de la fuerza para lograr mantener ese orden establecido mediante el recurso al legítimo instrumento de control social formal, “la Policía”.
Cuando algún gobierno concreto transgrede el siempre difícil y necesario equilibrio entre el binomio libertades/seguridad—derechos/deberes para con su ciudadanía y hace un desproporcionado uso de su poder, o éste se usa para beneficio de intereses distintos de los generales de la colectividad, se provoca una distorsión que afecta, paralela e injustamente, al concepto mismo del término general de policía. Es decir, lo que se conoce con el término
“Estados-policía” donde, de manera desproporcionada, en beneficio propio, o de unos cuantos, y no de la colectividad e interés general, sus gobiernos utilizan abusivamente el poder de lo que entienden por “su” policía.
No obstante lo anterior, el Estado, un avanzado Estado Social y Democrático de Derecho, tiene la obligación de asumir, de conformidad con sus compromisos internacionales, de su Carta Magna y su ordenamiento jurídico, sus vitales e importantísimas competencias en la preservación y protección de los derechos, libertades y en garantizar la seguridad ciudadana de su sociedad. Pero ello, y en contraste con los párrafos anteriores, tampoco debe interpretar este moderno Estado que, por esa aplicación extensivamente prudente en la tutela de la protección de determinados derechos; por ese instaurado y mal entendido “buenismo”; por ese asumido “complejo” de no actuar ante una posible respuesta social (El “por si acaso socio-electoral”); por no afrontar, gestionar, ni regular con eficacia los reiterados, sobredimensionados, incontrolados y desmedidos desplazamientos poblacionales; por no atender esos continuos actos de desorden e incivismo que tanto alteran la convivencia de las calles y barrios; por ese cálculo sobre su propio futuro electoral;…no afronte, con la rigurosidad y decisión que se le espera, la protección de los derechos del conjunto de esa sociedad, de ese mencionado “interés general”, al cual se debe.
«Convivencia social» no es igual a «sumisión institucional»
Eso es lo que, por no actuar, o hacerlo de forma velada, discontinua, inoperativa, acomplejada, ineficaz,…ocurre desde hace unos años y que se va incrementando e instaurando la “in-seguridad ciudadana”, en determinadas calles, barrios, municipios y ciudades de nuestro país. Dicho de otra manera, es la progresiva pérdida de autoridad en ciertas zonas en las cuales ya no actúa la policía o, si lo hace, se gestiona a través de un puntual, gravoso, numeroso e inoperativo dispositivo, o dispositivos sin continuidad, que generan un impacto muy concreto, pero estéril en el espacio y en el tiempo. Todo ello en beneficio de aquellas conductas, de aquellos grupos, o en su caso bandas, que dominan y/o se erigen en directores estables de esos territorios, las crecientes “Autoridades informales delegadas”,…sinónimo de cesión y/o pérdida de la autoridad formal de las calles.
Cuando en esas zonas la policía, el Estado, va perdiendo progresivamente autoridad, ésta la van asumiendo, a su manera y con sus propias normas, otros colectivos, grupos o personas. Y es ahí cuando nos damos cuenta que, sin percibirlo, o no creer oportuno percibir o actuar, hemos ido acondicionando y allanando el cauce para pasar de una inicial FRANQUICIA INCÍVICA A UNA FRANQUICIA DELICTIVA.
Es decir, se empezó dejando de valorar como prioridades a atender las “pequeñas infracciones”, la adecuada utilización del entorno público, los respetuosos usos del espacio común, ignorando o minusvalorando el cumplimiento de las Ordenanzas de convivencia y civismo. Y así, llevamos tiempo transmitiendo una idea de deterioro, de desinterés, de indiferencia, de despreocupación por la rotura de los códigos de convivencia, con casi ausencia de respeto a la ley, a las normas, a las reglas, con el mensaje de “Aquí vale todo, no pasa nada”. No hay correctivo, y si lo hay, no llegan sus consecuencias o éstas son leves. Se ha ido abandonando las acciones para combatir con eficacia las mencionadas “pequeñas transgresiones”: graffitis no autorizados, deterioro del espacio común, suciedad en parques, en las estaciones de transportes, daños al equipamiento público, falta de pago en los transportes, robos/hurtos, venta ambulante de productos sustraídos o copiados, desórdenes,… ascendiendo progresivamente a reincidentes peleas callejeras, apuñalamientos, etc.
Esto es, ha ido cobrando vigencia el optar por conducirse hacia la “escalada incívica……delictiva” ante la apreciación de estímulos externos en la falta adecuada de la respuesta institucional.
«Todos los fuegos, cuando empiezan, son pequeños»
En cualquier caso, y en base a conocidos estudios científicos, anteriores y actuales, se concluye que si una parte de la población percibe, y en el peor de los casos constata, en sus barrios, lugares de residencia, entorno mediático o cúpulas de las instituciones, que los demás no obedecen las reglas/normas, ello les afectará en la interiorización de la aceptación condicional de sus expectativas sociales pudiendo inducir a situarse en el camino de la ruptura de ese respeto normativo.
A sensu contrario, observar el comportamiento colectivo de seguimiento de reglas por parte de otras personas o de los grupos referidos en el punto anterior, puede tener efectos en esa interiorización en su respeto y aceptación.
Esto es, el seguimiento de las reglas/normas también está influido y condicionado a si se cree que otras personas de su entorno social o de convivencia se ajustan a las reglas.
En suma, la observación de otros realmente siguiendo o rompiendo las reglas conduce, en cierta medida, a un seguimiento o incumplimiento de esas REGLAS DE CONVIVENCIA que como sociedad ésta se da.
Si el conjunto de la ciudadanía va entendiendo de forma progresiva que tiene derecho a hacer lo que las normas prohíben, ya no hablaremos de libertad, pues cualquier ciudadano entenderá que tiene el mismo derecho a quebrantarlas.
A ello, desafortunadamente, se une una imagen y un constante mensaje social de responsables institucionales con unas conductas, llamemos cuestionables, que se van consolidando y adhiriendo en el sentir y hacer del conjunto de la población.
“El mayor daño que hace un Ministro sin probidad, no es servir a su Príncipe y arruinar a su pueblo, es el mal ejemplo que da” .
En relación con el cuadro anterior y salvando las distancias, el contenido y los motivos, pero en esa línea, se pronunciaba recientemente uno de los políticos más relevantes durante la Transición Española de la Constitución del 78: “Antes la CONVIVENCIA se rompía desde abajo, ahora desde arriba”.
Sea como sea en la cuestión que aquí ocupa, se observa que, “a priori”, confluyen diversas desvalorizaciones y condicionantes, para que se produzcan estas situaciones en el ámbito de la seguridad colectiva: Por ejemplo, algunas de ellas: 1.- La impune, descontrolada y normalizada presencia de personas/delincuentes-grupos-bandas motivados para vandalizar/delinquir; 2.- La manifiesta ausencia de autoridad, de controles/respuestas formales eficaces (De policía); 3.- La existencia redundante y expansiva de entornos/zonas atractivas para el incivismo/delito; 4.- La insuficiente, ineficaz e ineficiente respuesta jurídica de la potestad sancionadora de los órganos públicos y/o de la respuesta punitiva del Estado; 5.- La recurrente desatención y gestión en los desordenados, incontrolados e ingentes desplazamientos poblacionales; 6.- El desinterés reiterado y cíclico en la modernización y apoyo de los medios técnicos y humanos del Sistema Judicial (Pilar básico del Estado); 7.- El enfoque y análisis unidireccional, ideológicamente excluyente y acrítico de la situación de convivencia social y la realidad policial; 8.- El desamparo y desprotección jurídica e institucional del personal que presta los servicios de seguridad ciudadana; … ¿Qué podemos esperar? Los resultados son evidentes, aquí los tenemos;…
Franquicia incívica
Concesión y/o prerrogativa tácita, extracontractual, sin ruido, ni declaración formal de derechos, otorgada por la autoridad administrativa de un Estado, CCAA o municipio, a una o varias organizaciones, grupos y/o personas, en una zona determinada, generando ante la falta de intervención o, en su caso, escasa intervención de los cuerpos policiales de esa Autoridad formal, la reiterada realización de conductas irrespetuosas, incívicas, vandálicas, abusivas, arbitrarias, discriminatorias, coactivas, vejatorias, lesivas,…que menoscaban la dignidad de las personas afectando a la pacífica convivencia, bienestar y tranquilidad de una zona, barrio, municipio, ciudad o sociedad.
Franquicia delictiva
Concesión y/o prerrogativa tácita, extracontractual, sin ruido, ni declaración formal de derechos, otorgada por la autoridad administrativa de un Estado, CCAA o municipio, a una o varias organizaciones, grupos y/o personas, sobre la realización, cuando no explotación, de una o varias actividades delictuales en un zona determinada, sin la intervención o, en su caso, escasa intervención, de los cuerpos policiales de esa Autoridad formal y, en consecuencia, del desconocimiento de la Autoridad Judicial, cuando no su desamparo, conculcando, en última instancia, la misión de garantizar la seguridad ciudadana, la protección de personas, de sus derechos, la defensa de los bienes jurídicos y el mantenimiento de la pacífica convivencia, tranquilidad y bienestar general de la población de esa zona, barrio, municipio, ciudad o sociedad.
¿Y ahora qué? Pues ahora, en este estadio de las cosas, ya se está empezando a ver en determinadas ciudades o CCAA como diferentes responsables institucionales han emprendido el camino del cambio de discurso público sobre las bondades o las estadísticas de algunos fenómenos que afectan a la seguridad colectiva, reiterando de forma tímida y expectantemente progresiva, ahora sí, numerosos, rigurosos e incisivos sistemas policiales de respuesta para intentar minimizar, o cuando menos justificar (A presente y sobre todo a futuro), que somos conocedores de la situación en la que nos encontramos y hacia la que nos encaminamos, justificando que…“estamos en ello”.
Así las cosas, no es cuestión de obviar, y cuanto menos desaprovechar, la sabiduría del reconocido refranero español “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar/quemar, pon las tuyas a remojar”, en clara referencia a los conceptos de prudencia y prevención. Esto es,se nos alerta, en prevengan, para que adecuemos nuestra actuación cuando vemos lo que les sucede a otras personas (Estados, Ciudades, Barrios…), sobre todo si están, o han estado, en una coyuntura análoga a las nuestras, y así actuar para no cometer sus mismos errores. O que, si al final, e inevitablemente, se debe enfrentar, gestionar o soportar algún problema similar, éste se haga en las mejores condiciones posibles y minimizando sus consecuencias.
Nos podríamos referir, por ejemplo, a la objetiva realidad de los pasos que han seguido otros países de nuestro entorno europeo donde, de ser unos de los Estados más seguros y garantistas de los cuales copiar sus políticas sociales y de seguridad (Francia, Suecia,…), han pasado a tener desplegadas a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad ciudadana y/o a cambiar, de forma repentina, normativas y, sobre todo, discursos más firmes y restrictivos sobre determinadas cuestiones, conductas y derechos.
09-2023–RTVE—»SUECIA: Utilizará al EJÉRCITO contra el CRIMEN, es el 2º país con más MUERTES por TIROTEO»
¿Seguridad exterior «policial» – seguridad interior «militar»?
Vamos observando progresivamente como se van reduciendo los desplazamientos de grandes contingentes de los ejércitos hacia otros territorios para combatir tradicionalmente, en una readaptación de guerra “más urbana”; pero en cambio, vemos como ésta, la guerra, se nos presenta con más reiteración en nuestras ciudades, en nuestras calles,…(Torres gemelas, New York; Trenes, Madrid; Sala Bataclan, París; Atropellos de Niza, Mercadillo –Berlín-, Mercadillo –Magdeburgo-, Ramblas –Barcelona-; Asalto armado a furgón blindado con preso, Incarville; Tiroteos reiterados;… etc.) con escenarios y/o episodios de guerra, “con armas de guerra”.
De alguna manera, la seguridad exterior de los Estados, las guerras, son cada vez más policiales y, paralelamente, la actuación, el equipamiento, la protección y la seguridad interior está tendiendo más hacia configuraciones, estrategias, tácticas y operatividades más militares.
Observemos y analicemos el equipamiento personal que portaba un policía de los años 80, 90 y principios de los 2000, y comparemos el que porta hoy en día el personal policial y de seguridad desplegado en nuestras calles. La diferencia es más que perceptible y notable.
En otras palabras, se ha ido observando desde hace unos años a algunos países de Europa, tales como los referidos y referentes Francia, Suecia,…que eran un ejemplo de calidad de vida, de bienestar general, protección y seguridad colectiva, políticas sociales integradoras, sensibilidad, vivienda social orientada, educación inclusiva,…como se toleraban, camuflaban y ocultaban determinadas conductas de las personas que vulneraban (sin coste o nulo coste), entre otras normas, las ordenanzas municipales o que cometían delitos contra bienes jurídicos personales, orden público, o sus agentes,… Es decir, como se han ido anulando las propias dinámicas socio-jurídicas en determinadas zonas de esos países europeos, imponiéndose a éstos, progresivamente, hábitos, culturas y costumbres de otros estados (muchos de ellos en constante conflicto, autoritarios o fallidos) que, en diversos ámbitos, han supuesto un notable e inmerecido detrimento de ese enorme, sincero, convencido e integrador esfuerzo social y económico de unas modernas y avanzadas sociedades como las citadas francesa, sueca,…
Recordemos: “Convivencia/tolerancia social” no es igual a “sumisión institucional”.
No obstante, algunos responsables de la seguridad de estas sociedades coincidieron en cometer unos graves y comunes errores al continuar con sus discursos iniciales: “…Aquí no pasa nada fuera de lo habitual, forma parte de la dinámica social; presentando una maquillada estadística delincuencial administrativa, pero no realista y operativa (En zonas degradadas, su vecindad, no denuncia); justificando que su respuesta social era la correcta; maquillando que la inmigración desbordada y descontrolada no incidía en la seguridad pública; ridiculizando, deshumanizando, atacando,…desde su unilateral y acrítica percepción ideológica, a sus adversarios políticos por evidenciar éstos realidades y causas objetivas de incremento de la inseguridad pública, percibida por la propia sociedad;…sin admitir que sus políticas de seguridad habían fracasado, a pesar de sus abnegados esfuerzos económico-sociales realizados.
“No hablar de la incidencia del fenómeno de la inmigración desordenada y desbordada en la delincuencia, genera un debate ilegítimo, sobre un tema de legítimo debate”.
De cualquier modo, en una sociedad democrática y caracterizada por su objetiva preocupación por una adecuada defensa de los derechos de las personas y del interés general de su Comunidad, a la que sirve y se orientan los poderes públicos, no debe de olvidarse, y mucho menos despreciar, que, sin seguridad, no será posible ejercer, con libertad y la tranquilidad que se requiere, otros muchos derechos civiles, sociales, familiares, económicos,…que identifican el bienestar y progreso de una sociedad.
Tanto es así que, como ya se ha ido mencionando en este artículo, algunos responsables de seguridad pública de nuestro Estado, así como máximos representantes de las diferentes entidades privadas investidas de funciones públicas (Partidos) que hasta ahora repudiaban y deshumanizaban determinados discursos de sus adversarios, están resolviendo (necesitando) hacer públicos y readaptando sus exposiciones en esa dirección. Ejemplos:
“…Siempre bajo el paraguas de la garantía de la seguridad. Sin seguridad,…sin protección,…no hay nada que se aguante. Ya podemos hacer bibliotecas, ya podemos hacer campos de fútbol, ya podemos hacer pabellones polideportivos, ya podemos hacer parques públicos, si la gente no se siente segura en el espacio público, si la gente no siente que cuidamos de su seguridad, nada servirá…Que en … no hay impunidad, que en … quien la hace la paga, y que en … el Gobierno pondrá todos los recursos para prevenir hechos de delictivos para identificar a aquellos que cometen hechos delictivos y para garantizar la seguridad en toda …, en todos los Barrios de …, en todos los lugares de .., y para todas las personas de … A este respecto, ninguna duda, ningún matiz, y mucha claridad y la contundencia necesaria. Porque sin seguridad, no hay ningún camino de libertad para nadie…”
“…Debemos sacar a los delincuentes de nuestros barrios. Es urgente y necesario y una prioridad si queremos garantizar la igualdad de derechos…”
“…Caminemos juntos por una ciudad más segura donde los que no cumplan la ley no tengan cabida…”
Siguiendo con los principios de Sir Robel Peel, considerado como una de las celebridades que sentó las bases de un cuerpo policial moderno, éste recogió en su Decálogo: “…9: La prueba de la eficacia policial es la ausencia del crimen y el desorden y no su visible represión”.
“Hay riesgos y costos para la acción. Pero son mucho menores que los riesgos a largo plazo de una cómoda y desidiosa inacción”.
La paz (seguridad) es un proceso diario, semanal, mensual, que cambia gradualmente de opinión, erosiona lentamente las viejas barreras y construye silenciosamente nuevas estructuras”. (John F. Kennedy)
