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El Supremo manda al Fiscal General del Estado al banquillo

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Normalidad democrática en su máximo apogeo. García Ortiz, Fiscal General del Estado -próximo a la órbita sanchista-, será oficialmente procesado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. El empresario, que acusa al fiscal de la filtración de correos privados entre su equipo de defensa legal y la propia fiscalía, pide para Ortiz junto con la acusación de Manos Limpias la suspensión de empleo, una multa y una pena de prisión de hasta 6 años. El caso, ya mediático en un inicio por las presuntas implicaciones, adquirió la categoria de escándalo al saberse que el Fiscal había borrado la información de la totalidad de sus dispositivos poco antes de ser encausado.

El Supremo ha desestimado así el recurso de García Ortiz. Considera que existen indicios «suficientes y razonables» de que el Fiscal General del Estado ordenó o permitió la divulgación de un correo electrónico confidencial enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía de Madrid, en el que el empresario reconocía delitos fiscales y proponía un pacto de conformidad; una posible infracción del artículo 417 del Código Penal.

Es la primera vez en democracia que un Fiscal General en ejercicio se enfrenta a un juicio penal. A este Gobierno le encanta romper precedentes. La defensa de García Ortiz sostiene que no hubo revelación ilícita de datos y que la información se difundió en el marco de una «estrategia de comunicación institucional» con fines de interés público.

El Gobierno, en su tónica habitual y ejemplar neutralidad institucional, mantiene su respaldo al fiscal. El calendario apunta a un juicio en otoño, en un clima institucional cada vez más tensionado por la acumulación de escándalos y la pasividad del Ejecutivo al respecto. La incógnita que flota ahora en el ambiente es si el fiscal dimitirá antes del proceso.

Guillem Espaulella
Guillem Espaulella
Politòleg per la Universitat Pompeu Fabra.

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