La operación ‘fiscal general contra Ayuso’ ha acabado en el Tribunal Supremo y el escenario no pinta demasiado bien ni para García Ortiz, experto en borrado a fondo de comunicaciones oficiales para no dejar huella de sus presuntos delitos, ni para el gobierno de Sánchez al que el fiscal general sirve con toda lealtad y el gobierno respalda sin fisuras desde su polémico nombramiento –considerado no idóneo para el cargo por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial-, y pese a encontrarse ya formalmente imputado y a la espera de sentarse en el banquillo. Ya veremos qué ocurre en las próximas semanas porque los recientes acontecimientos prueban que el presidente Sánchez y sus ministros ponen la mano en el fuego y defienden la honorabilidad de sus ‘compañeros’ con tanto ardor como con prontitud la esconden en cuanto sienten el calor de la llama.
La operación contra Ayuso, urdida casi con toda seguridad desde el gabinete de Presidencia del Gobierno, dirigido entonces por Óscar López, resultó un auténtico fiasco político que acabó con la vida política de Lobato, secretario general del PSOE madrileño y portavoz en la Asamblea de Madrid, y puso contra las cuerdas a Sánchez Acera, directora del gabinete de López, cuyo papel en la filtración de la información fiscal sobre la pareja sentimental de Ayuso está todavía pendiente de aclararse. Pese al fracaso del operativo monclovita, López fue ascendido a ministro y designado candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid en sustitución de Lobato. Como todas encuestas electorales, a excepción de la del CIS de Tezanos, no muestran ninguna mejoría apreciable del PSOE, Moncloa ha puesto en marcha una nueva campaña contra la presidente madrileña a la que un ministro tras otro han acusado en los últimos días de practicar el ‘dumping’ fiscal’.
La ruptura de la caja única
Illa, presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña, se ha sumado a los voceros monclovitas que pretenden desviar la atención del asunto realmente importante: la reforma encubierta del sistema de financiación autonómica en que ha embarcado al gobierno de Sánchez para otorgar a Cataluña una financiación singular, esto es, diferenciada de las otras 14 Comunidades Autónomas sujetas al régimen común. El objetivo de esta reforma del sistema de financiación, recogido en el pacto de investidura firmado por el PSC de Illa y ERC, es “impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basada en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de 8 millones de habitantes”(Subrayados míos).
Con independencia del alcance de las reformas que se introduzcan en los próximos meses, no se puede olvidar que el objetivo del acuerdo de investidura firmado por el PSC de Illa y ERC es otorgar al gobierno de la Generalidad plena soberanía sobre todos los impuestos estatales, retener los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de sus habitantes, y determinar su aportación al sostenimiento del Estado y el resto de Comunidades de régimen común en una ulterior negociación bilateral entre los gobiernos de Cataluña y España. El establecimiento de una financiación singular a Cataluña supone una reforma constitucional encubierta, puesto que la Constitución de 1978 sólo contempla un tratamiento fiscal singular para los denominados territorios forales (el País Vasco y Navarra), y ha sido rechazada con contundencia por el resto de Comunidades, incluidas aquellas gobernadas por el PSOE.
Y es que dejar en manos de una negociación bilateral la aportación de la Generalidad no sólo socavaría los fundamentos del Estado, cuyo funcionamiento requiere disponer de recursos propios para establecer y financiar sus propias políticas, sino que pondría en riesgo la financiación de los servicios prestados por el resto de Comunidades Autónomas de régimen común. Casi todos los expertos consideran conveniente revisar el sistema de financiación actual, pero el objetivo de esa deseable reforma no es otorgar una financiación singular a una Comunidad sino establecer un sistema basado en criterios de reparto objetivos que ponga fin a la infrafinanciación y sobrefinanciación producidas por el actual sistema.
Cataluña no está mal financiada
Aunque el presidente Illa parece no haberse enterado, las cifras de entregas a cuenta recibidas en 2024 indican que Cataluña recibe una financiación por habitante ajustado superior a la media de las otras catorce Comunidades sujetas al régimen común. En concreto, Cataluña recibió en concepto de entregas a cuenta 26.454,97 millones por impuestos cedidos y 1.132,932 millones del Fondo de Suficiencia Global, y aportó 1.943,84 millones al Fondo de Garantía, siendo la cifra neta de entregas a cuenta recibidas de 25.645,04 millones. Esta cifra dividida por la población media ajustada de Cataluña entre 2010-2022 (7.487.008) nos da 3.425,27 euros. Al hacer el mismo cálculo para las otras 14 Comunidades de régimen común obtenemos 2.982,79 euros, esto es, la financiación por población ajustada en Cataluña es 14,83 % superior al resto. En el caso de Madrid, la financiación por población media ajustada es 2.968,02 euros, 15,41 % inferior a la de Cataluña
Nos dice también el Sr. Illa que la Comunidad de Madrid practica el ‘dumping’ fiscal y es insolidaria. Empecemos por la solidaridad, un concepto tan caro para los socialistas. Las cifras aportadas por ambas Comunidades al sostenimiento de otras Comunidades desmienten la acusación de Illa de forma categórica. La aportación neta de Cataluña a los fondos de Suficiencia Global (-1.133,92 millones) y Garantía de Servicios (1.943,84 millones) ascendió a 809,92 millones, en tanto que las aportaciones de Madrid a los fondos de Suficiencia Global (1.943,84 millones) y Garantía de Servicios (5.9868,08 millones) dejan la aportación neta de Madrid en 7.932,92 millones, casi 10 veces más que Cataluña. ¿Quién es insolidario Sr. Illa? Desde luego, no puede decirse que Madrid lo sea porque entonces a Cataluña habría que calificarla de insolidaria.
La acusación de dumping fiscal resulta igualmente gratuita. Las Comunidades de Cataluña y Madrid disponen de autonomía para regular y recaudar algunos tributos (Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) cedidos por el Estado y establecer la tarifa autonómica que suplementa la tarifa estatal en el IRPF. El gobierno de la Generalidad dispone de libertad para fijar los tipos impositivos haciendo uso de sus legítimas competencias y si elige fijarlos más altos que otras Comunidades no puede acusar a éstas de hacer dumping fiscal por no seguirla, al igual que éstas no pueden obligar al gobierno de la Generalidad a bajarlos. Quizá el problema del gobierno de la Generalidad es que paga retribuciones sustancialmente más altas a sus altos cargos, representantes políticos y empleados públicos que el Estado y otras CC. AA. Illa, por ejemplo, cobra 136.177,50 euros y el presidente de España 90.010. Pero no va uno a comparar las responsabilidades de uno y otro.
Lo paradójico de todo este asunto es que el gobierno de Illa, mientras acusa a Madrid de practicar el dumping fiscal y ser insolidaria sin presentar evidencia alguna, está reclamando gestionar todos los impuestos devengados en Cataluña para cubrir las necesidades de sus 8 millones de habitantes y reducir, no lo duden, aún más su ya magra aportación al sostenimiento del Estado y el resto de Comunidades. La ruptura de la caja común está sobre la mesa de la comisión bilateral Gobierno-Generalidad y si los ingresos recaudados por la Delegación Territorial de la Agencia Tributaria en 2024, 57.193,86 millones, hubieran sido recaudados por la Agencia Tributaria de Cataluña pueden estar seguros de que el gobierno de Cataluña no se habría conformado con los 25.645,04 millones recibidos como entregas a cuenta, y los miles de millones de euros adicionales retenidos por el gobierno de la Generalidad habrían dejado de estar disponibles para el sostenimiento del Estado y el resto de Comunidades Autónomas de régimen común. ¡Viva el federalismo asimétrico e insolidario de Illa!
