El caso Cerdán es ya la investigación de corrupción más notoria que afecta al entorno del Ministerio de Transportes y la directiva del PSOE de dominio sanchista. En el centro de las pesquisas se sitúan presuntas comisiones ilegales que podrían ascender a cinco millones de euros. Sin embargo el destino concreto de esos fondos continúa siendo un misterio.
Según el juez instructor y el fiscal jefe Anticorrupción, el dinero habría circulado a través de contratos públicos presuntamente amañados, aunque todavía no se ha acreditado dónde terminó ni en qué cuentas fue depositado.
El origen de las sospechas se vincula a la adjudicación de contratos millonarios durante la pandemia, especialmente en la compra de mascarillas por parte de distintas administraciones. Uno de los empresarios beneficiados, Víctor Aldama, obtuvo importantes beneficios, lo que alimentó la hipótesis de un posible reparto de comisiones. No obstante, hasta la fecha, la Fiscalía no ha hallado indicios de ilegalidad en la adjudicación de esos contratos, dado que en aquel momento no existían los controles habituales de contratación pública.
Las investigaciones también han salpicado a varias constructoras, a las que se atribuye haber resultado beneficiadas en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de Ábalos. Según grabaciones aportadas al procedimiento, algunas de estas empresas habrían tenido pendiente el pago de hasta medio millón de euros en supuestas mordidas, aunque por el momento la investigación no ha podido acreditar que dichos pagos se materializaran ni ha hallado pruebas documentales que los respalden.
Las investigaciones patrimoniales tampoco han logrado esclarecer un enriquecimiento personal claro de los implicados, no al menos a título individual. La incógnita central sigue sin respuesta: ¿dónde están los cinco millones de euros?. Ni los registros, ni las escuchas, ni el análisis de documentación han permitido a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo dar con el presunto botín.
