Es una pregunta incómoda. ¿La inmigración “paga” o “cuesta” a las arcas públicas? Ambas posibles respuestas se esgrimen como argumentos por parte de estructuras partidistas antagónicas, que indentifican en la inmigración una poderosa arma retórica para, desde visiones contrapuestas, apelar a la emoción del elector.
La alarma sobre la balanza fiscal suena con un reciente informe del Parlamento Europeo. La conclusión es clara; matemática. La inmigración extracomunitaria implica un saldo fiscal negativo en casi todos los países del continente, incluso bajo supuestos de integración plena.
Por lo que sea, no todos los países ofrecen datos desagregados claros, de fácil acceso y contrastada fiabilidad, pero hay excepciones a lo largo del euro. Nos centraremos aquí en 4 ejemplos paradigmáticos que refuerzan la tesis del propio Parlemnto Europeo que, recordemos, nos avisa que esta situación se reproduce en la práctica totalidad de países comunitarios.
Dinamarca
El Ministerio de Finanzas danés revisó en 2023 el balance fiscal de los inmigrantes y sus descendientes en 2019. Puede descargarse aquí, aunque hace falta traducirlo. El resultado agregado es un déficit de 16.000 millones de coronas -unos 1.500 millones de euros-, equivalentes a 21.000 coronas -2.800 €- por persona.
Dentro de esa cifra se esconden dos historias opuestas: los inmigrantes occidentales dejan un superávit de 11.000 millones, mientras que los no occidentales generan un déficit de 27.000 millones. El grupo con peores resultados son los originarios de Oriente Medio, Norte de África, Pakistán y Turquía, que aportan los saldos más negativos.
Francia
El instituto económico CEPII analiza tres décadas de inmigración y finanzas públicas en Francia, desde 1979 hasta 2011. Conclusión global: el impacto total de la inmigración sobre las cuentas públicas es mínimo, raramente superior al 0,5 % del PIB. Sin embargo, al desglosar, la diferencia resulta nítida: los inmigrantes comunitarios aportan superávits -unos +2.800 millones de euros en 2001-, mientras que los extracomunitarios generan déficits ––3.200 millones ese mismo año, que aumentaron a –5.500 millones en 2011-. En 2011, la inmigración comunitaria genera también déficit de 3.290 millones.
La explicación, de nuevo, la encontramos en la inserción laboral: los europeos presentan mayores tasas de empleo y carreras contributivas más sólidas, mientras los no europeos sufren más desempleo, especialmente tras la crisis de 2008.
Países Bajos
El estudio más reciente lo firma la IZA. Aquí se es más ambicioso y se calcula el impacto fiscal vitalicio de cada grupo de inmigrantes. El resultado es rotundo: solo un 20 % de los inmigrantes dejará un saldo positivo a lo largo de su vida en el país. En promedio, los occidentales contribuyen con +42.000 euros por persona, frente a un déficit de –167.000 euros para los no occidentales. ¿Los casos extremos?: Medio Oriente, Norte de África, Pakistán y Turquía, con un déficit de –315.000 euros. En el otro extremo, norteamericanos, escandinavos y japoneses arrojan superávits que van de +75.000 a +210.000 euros.
Suecia
En Suecia, el foco va con los refugiados. Tras siete años, la factura sigue siendo negativa, entre 37.000 y 125.000 coronas -. La variable determinante parece la educación: los refugiados con estudios universitarios se acercan al equilibrio fiscal al cabo de siete años, mientras los de baja cualificación mantienen déficits más altos. Pese a mejoras progresivas en la inserción laboral -casi un 60 % de los universitarios tenía trabajo tras siete años-, la conclusión del estudio es que la inmigración refugiada genera costes importantes durante largo tiempo.
La conclusión no es cómoda, pero sí necesaria: El tipo de migración determina su impacto en las cuentas públicas. Los ejemplos explotados muestran -como indica el Parlamento Europeo- una dinámica que se reproduce en el resto de Estados.
