El Poder Judicial ha dado un paso inédito al abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
Presuntamente filtró datos confidenciales
La decisión la ha adoptado el magistrado de la Sala Segunda Ángel Luis Hurtado, que considera suficientemente acreditado, al menos de forma indiciaria, que García Ortiz filtró a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de un email con información sensible remitida al fiscal del caso, bajo la premisa de confidencialidad que debe regir la relación abogado-Fiscalía, y que según el instructor fue indebidamente divulgada.
Indicios sólidos
El auto es contundente: no cabe sobreseimiento, y los indicios son sólidos. A García Ortiz se le impone una fianza de 150.000 euros para responder de eventuales responsabilidades pecuniarias, con la advertencia de que se embargarán bienes si no la deposita en cinco días.
La acusación apunta a la comisión de un delito del artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad que revela secretos conocidos por razón de su cargo. No obstante, el magistrado rechaza suspenderle cautelarmente, alegando un vacío legal en la normativa sobre el fiscal general, aunque remite la decisión a la Inspección Fiscal.
La oposición carga contra el Gobierno
El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo se ha pronunciado en ‘X’ visiblemente indignado: “Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el banquillo”. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relación en las Cortes ha respondido a los de Génova en el Senado subrayando que «cuando un juez o un fiscal investiga a alguien del PP, ustedes le atacan, le denigran y lo desprestigian».
Toda una declaración de intenciones: El Gobierno no abandonará a García Ortiz a merced del Supremo, considera que su procesamiento responde a una actividad subterfugia de la «policía/judicatura patriótica», que busca derrivar a todo aquel que denuncie presuntas actividades delictivas de los populares.
