En el panorama político español, pocas cosas generan tanto debate como la coherencia entre el discurso y la práctica. El reciente caso de los camaradas Pablo Iglesias e Irene Montero, figuras emblemáticas de la izquierda, ha reavivado esta discusión. Ambos han decidido matricular a sus tres hijos en un colegio privado. Una elección que, lejos de ser anecdótica, pone en evidencia una contradicción profunda entre lo que predican y lo que practican.
Durante años, Iglesias y Montero -esto vale para toda la iglesia- han defendido con vehemencia la educación pública como pilar de igualdad social. Sin embargo, ahora sus hijos asisten a un centro privado. Este giro no solo sorprende por el contraste con sus declaraciones pasadas, sino que plantea una pregunta incómoda: ¿cree realmente la izquierda en lo público, o lo defiende únicamente como herramienta de poder?
La izquierda española ha construido buena parte de su narrativa sobre la defensa de lo público: sanidad, educación, vivienda. Sin embargo, cuando se trata de decisiones personales, como la educación de sus hijos, no dudan en recurrir a opciones privadas que critican abiertamente. Esta incoherencia no es nueva, pero sí reveladora. El mensaje parece claro: lo público es para los demás.
Pablo Iglesias; “Los padres llevan a los niños a la educación privada porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Es una educación para ricos que se lo pueden permitir”.
— Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 9, 2025
Hace todo, todo, lo que criticaba. https://t.co/klLxvMG2uT pic.twitter.com/WxfBuRdX21
Mientras tanto, quienes defendemos abiertamente la libertad de elección y la calidad educativa —incluyendo la privada— no solo lo decimos, sino que lo practicamos. No hay contradicción entre nuestro discurso y nuestras decisiones. La izquierda, en cambio, parece atrapada en un juego de apariencias donde lo importante no es lo que se hace, eso solo es para ellos, sino lo que se dice.
Este episodio no es solo una anécdota familiar. Es un reflejo de cómo algunos líderes políticos -de la izquierda, claro- gestionan su vida privada en contradicción con sus principios públicos. Y aunque la libertad de elección es un derecho incuestionable, también lo es el escrutinio cuando se trata de figuras públicas que han hecho de la coherencia ideológica su bandera.
En definitiva, el caso de Iglesias y Montero nos recuerda que en política, como en la vida, los actos pesan más que las palabras. Y que la credibilidad se construye, sobre todo, con coherencia.
