Hace unos días, Bolaños, ministro de Justicia del presidente Sánchez, declaró en una entrevista concedida a un diario afín al gobierno que “una gran mayoría de jueces y magistrados hacen su trabajo con profesionalidad, rigor e imparcialidad. Y una minoría que tiene comportamientos minoritarios, pero que hacen mucho daño a la justicia». Dejando al margen la obviedad de que el comportamiento de las minorías siempre es minoritario, lo que el ministro no nos aclaró es qué jueces integran esa minoría tan dañina, aunque por otras manifestaciones suyas han de estar aquellos jueces que han instruido casos que el propio ministro de Justicia, saltándose la neutralidad exigible a quien ostenta el cargo de ministro de Justicia, ha acusado una y otra vez de empecinarse en seguir adelante con algunos casos de manera gratuita porque como ha reiterado el ministro “no hay nada”.
Jueces dañinos
En ese selecto grupo de jueces cuyo comportamiento, según Bolaños, hace tanto daño a la justicia habría que incluir al juez Llarena del Tribunal Supremo (TS), por negarse a levantar la orden de detención dictada contra el prófugo de Waterloo; al magistrado Hurtado del TS, por haber concluido la instrucción de la causa contra el fiscal general García Ortiz, por revelación de información privada de un ciudadano investigado por la fiscalía; al juez Peinado, por estar instruyendo la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez; y, en fin, a la juez Biedma, por haber finalizado pese a todas las presiones la instrucción de otra causa penal contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Sánchez. No se atrevió a nombrarlos pero sí a sembrar la sombra de la duda sobre la legitimidad de sus actuaciones.
No parece opinar del mismo modo Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, quien, en su intervención en la apertura solemne del año judicial, delante del Rey, el ministro Bolaños y el fiscal general García Ortiz, denunció el grave daño que las reiteradas descalificaciones a la actuación de los jueces desde los poderes públicos ocasionan al Estado de Derecho y a la división de poderes. No le hicieron mella alguna al ministro, los reproches de Perelló porque pocas horas después del acto Bolaños volvía a la carga y consideraba “una realidad que es incontestable” las graves acusaciones realizadas por el presidente del gobierno contra los jueces en una reciente entrevista en, cómo no, TVE. No es mera casualidad que los jueces sólo reciban críticas del gobierno y su entorno mediático cuando los casos investigados afectan a políticos sin convicciones, sin rubor y sin palabra que de socialistas y progresistas no tienen nada.
¿Respeta el PSC las sentencias judiciales?
El desprecio de los actuales líderes del PSOE y el PSC por la división de poderes va mucho más allá del cuestionamiento de la instrucción de algunos casos, como los anteriormente mencionados que afectan al entorno del presidente , y la críticas de los autos judiciales que ponen en entredicho sus indecorosos pactos políticos, y apunta mucho más alto todavía: cuestiona las sentencias judiciales firmes, incluso cuando han sido ratificadas por las más altas instancias judiciales, y las incumple abiertamente recurriendo a subterfugios y artimañas de todo tipo. El caso de los nacional-socialistas catalanes resulta paradigmático del desprecio del gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña hacia la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el TS y el Tribunal Constitucional (TC).
Los constitucionalistas catalanes sabemos muy bien cuál fue la reacción del gobierno del presidente Maragall en 2006 cuando a Cabrera, ministra de Educación del presidente Rodríguez Zapatero, se le ocurrió aprobar algunos decretos de enseñanzas mínimas que exigían impartir una cuarta hora en castellano. No sólo fueron ignorados por el departamento de Educación, sino que el gobierno de coalición formado por el PSC y ERC se apresuró a aprobar una nueva Ley de Educación de Cataluña para impedir su aplicación. O lo que ocurrió tras la sentencia del TC que anulaba algunos artículos de Estatuto aprobado en 2006: un indignado presidente de la Generalidad y primer secretario del PSC compareció en la sede del Gobierno y convocó la manifestación celebrada en julio de 2010 en protesta por la sentencia del TC, la primera de la oleada de manifestaciones convocadas con el respaldo del gobierno de la Generalidad que acabarían en el fallido intento de golpe de estado el 27 de octubre de 2017. Ahora en cambio, los nacional-socialistas catalanes (los líderes y militantes del PSC, aclaro, por si alguno tiene dudas) exigen respetar el auto de ese mismo TC que constitucionaliza la ley de autoamnistía aprobada por el gobierno de España para borrar los delitos cometidos por los líderes golpistas.
Pero no hace falta remontarse a lo ocurrido hace una década para comprobar cómo se las gasta el PSC cuando gobierna en Cataluña. Illa, el mismo personaje que repetía dos veces que no habría amnistía para que los incrédulos le creyeran, ha anunciado que recurrirá la reciente sentencia del TSJC que anula varios artículos del decreto de régimen lingüístico de la Generalidad. La sentencia declara nulos de pleno derecho varios artículos donde se establece el catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje y como lengua habitual en la actividad docente y administrativa en el sistema educativo en Cataluña. Para los nacional-socialistas, su avalista principal en el Parlamento de Cataluña (ERC) y otros partidos secesionistas como Junts y la CUP, así como para Ómnium Cultural y las organizaciones sindicales educativas (USTEC-STEs, CC. OO. y UGT) que jugaron un importante papel de movilización durante el proceso secesionista, la sentencia constituye un “nuevo ataque al catalán” y “una amenaza al país”.
En realidad, la sentencia se limita a reconocer que los artículos anulados impiden establecer “una presencia razonable del castellano en la enseñanza”. Que para la mayoría de la población residente en Cataluña el castellano sea su lengua materna y la lengua más hablada en Cataluña carezca de una representación razonable en el sistema educativo constituye una anécdota. Por eso, el presidente Illa ha anunciado que recurrirá la sentencia como en su día se recurrieron los decretos de enseñanzas mínimas y hará todo lo necesario para blindar el modelo de inmersión lingüística, esto es, el modelo que trata el castellano como una lengua extranjera en Cataluña cuya utilización conviene eliminar no sólo en los planes de enseñanza y medios de comunicación públicos sino hasta en los recreos, aulas y organismos de la administración de la Generalidad.
En diciembre de 2012, publiqué un artículo en el diario Expansión titulado “Inmersión lingüística; el franquismo redivivo”, hecho que menciono para ver lo poco que hemos avanzado desde entonces. El modelo educativo actual impuesto por el gobierno de la Generalidad en Cataluña no dista mucho del modelo de exclusión del catalán impuesto por la dictadura franquista en la escuela pública y supone no reconocer que en la sociedad catalana conviven dos lenguas propias que no suponen dificultad alguna para entenderse, enamorarse y hacer negocios, incluso cuando quienes se empeñan en practicar un monolingüismo estricto se niegan a emplear la otra lengua en cualquier circunstancia. Lo que a todas luces constituye una riqueza indudable de la sociedad catalana, un activo que debería reconocerse y protegerse, propiciando un tratamiento equilibrado de ambas lenguas, la mayoría de políticos nacionalistas (PSC, Junts, ERC y CUP) lo rechazan y prefieren el modelo de inmersión franquista.
Illa, además de recurrir la decisión del TSJC, recomendará a los centros escolares no cambiar un ápice sus programas curriculares a la espera del resultado del recurso. Y, llegado el caso de que se produzca una sentencia desfavorable del recurso ante el TS, pueden estar seguros de que el gobierno de la Generalidad se sacará alguna artimaña de la manga para incumplirla. Pero en relación al modelo de inmersión lingüística, ni les salió bien la jugada en 2006 ni les saldrá tampoco ahora. Ni el gobierno de Illa con sus decretos ni sus inquisidores lingüísticos a sueldo van a lograr imponer una de las dos lenguas habladas en Cataluña como la única lengua propia del ‘país’, antes bien están provocando creciente animadversión entre quienes aplaudimos en su día el fin del monolingüismo oficial imperante durante la dictadura y hasta entre muchos jóvenes catalanes que consideran estas actitudes una mera imposición autoritaria.
