Casi nadie recuerda ya al candidato Sánchez sobre un escenario en cuyo fondo aparecía una enorme bandera española con el escudo constitucional. Cualquier persona entendió el mensaje: quiero ser el presidente de la España instaurada en 1978 y el primer defensor del orden constitucional. Ocurrió el 21 de junio de 2015 y Sánchez, hemos de suponer, quería con esta cuidada puesta en escena de su candidatura enviar un mensaje de confianza a quienes la permisiva actitud del presidente Rodríguez Zapatero, durante la tramitación del Proyecto de Estatuto, aprobado en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, nos había dejado conmocionados, hasta tal punto que algunos dimos el insólito paso de fundar un nuevo partido: Ciudadanos de Cataluña en junio de 2006.
A partir de la llegada de Maragall a la presidencia del gobierno de la Generalidad, los catalanes constitucionalistas comprendimos que el PSOE, no sólo no estaba presente en Cataluña como partido, algo que muchos lamentábamos, sino que la organización que suponíamos lo representaba en esta Comunidad, el PSC, iba por libre, y se había convertido por voluntad propia en el caballo de Troya de los partidos nacionalistas e independentistas. Un papel que sigue desempeñando Illa con gran ilusión para mayor gloria de ERC y Junts ahora. A principios de mes, sin ir más lejos, el presidente de la Generalidad se desplazó al extranjero para entrevistarse con el prófugo de Waterloo, tras haber criticado a uno de sus predecesores (el presidente Torra) por hacerlo en su día, y hace unos días hemos podido escucharle en un foro de comunicación celebrado en Vitoria exigir la aplicación inmediata de la ley de amnistía al prófugo. Me quedé con las ganas de alguien le recordara sus propias palabras “ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro: ni amnistía ni nada de eso”. Como para fiarse de la palabra de este formidable humanista cristiano.
La sombra alargada del pasado
El texto del Proyecto de Estatuto era radicalmente inconstitucional y su aprobación produjo enorme satisfacción entre los líderes de ERC (Carod-Rovira) y CiU (Mas), los dos partidos que pocos años después liderarían el proceso de secesión que culminó con la proclamación de la independencia en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Entre los asistentes al acto protagonizado por el candidato Sánchez en 2015, se encontraban algunos destacados líderes socialistas que habían desempeñado un importante papel durante la Transición y los primeros gobiernos democráticos. Allí estuvo, por ejemplo, el exvicepresidente Guerra, quien había presidido la Comisión Constitucional del Congreso a la que se le encomendó expurgar el anticonstitucional Proyecto remitido por el Parlamento a las Cortes. Por cierto, el trabajo de la Comisión, como la sentencia del Tribunal Constitucional publicada en junio de 2010 permitió constatar, resultó bastante insatisfactorio.
Entre los asistentes a aquel acto se encontraba también Pérez Rubalcaba, exsecretario general del PSOE, cuya intervención en un pleno histórico, celebrado en el Congreso el 8 de abril de 2014, para tratar la toma en consideración de la delegación al gobierno de la Generalidad de la competencia para convocar un referéndum consultivo sobre la independencia en Cataluña, mereció el aplauso unánime de la bancada del Gobierno por su rotunda negativa a delegar la competencia. Me parece muy pertinente recordar sus palabras a aquellos votantes del PSOE que entonces se sentían representados por el PSOE y hoy se han acomodado al PSOE de Sánchez: “he pensado –dijo– en aquellos españoles que no quieren levantar fronteras para separar sentimientos e identidades. En esos españoles, estoy pensando al subir a esta tribuna”. ¿En qué españoles piensa Sánchez cuando envía a Rodríguez Zapatero a pactar con un prófugo de la justicia?
Por un plato de lentejas
El planteamiento de Rubalcaba (como más tarde los de Rajoy y su vicepresidenta Sáenz de Santamaria) indicaba un profundo desconocimiento de las intenciones de sus interlocutores, y es que su apelación a la concordia y al entendimiento entre españoles caía en saco roto, ya que ninguno de los tres representantes enviados por el Parlamento de Cataluña para defender la ley de consultas se sentía aludido por sus palabras. Uno de ellos, Turull, entonces diputado de Convergencia i Unió y actual secretario general de Junts, advirtió al Gobierno durante su intervención en el Congreso que el camino emprendido por Cataluña era un «camino sin retorno». A nadie puede extrañarle que Turull acabara siendo condenado por secesión a 12 años de prisión por el Tribunal Supremo en 2019. Lo auténticamente asombroso del caso no es que Turull fuera juzgado, condenado y encarcelado, sino que quien sigue repitiendo que volverán a hacerlo en cuanto la ocasión se presente y esta vez para acabar la faena, fuera indultado por el presidente Sánchez en junio de 2021, y hasta participara en la redacción de la ley de (auto)amnistía que el Gobierno presentó el 13 de noviembre de 2023 para poder investir a Sánchez presidente tres días después.
Al parecer, la bandera de España de Sánchez es como la ropa de mala calidad: encoge en cuanto se ensucia y se lava. (Perdonen el lapsus: no había caído en la cuenta de que se trataba de una mera imagen y bastaba con cerrar el interruptor en Moncloa para hacer desaparecer la bandera y sustituirla por cualquier otra ocurrencia: la exhumación del dictador del Valle de los Caídos en 2019; la ley de memoria democrática aprobada en 2022 para insuflar vida artificiosamente a la peor tragedia de nuestra historia contemporánea; la conmemoración de 50 años de “libertad en España”, olvidando que la Constitución se aprobó en 1978 no en 1975; o la bandera de Palestina en las últimas semanas). En todo caso, nada queda de aquella imagen del abanderado con su esposa y nadie puede negar que Sánchez ha traicionado a su partido y a todos los españoles a los que Rubalcaba se dirigía el 8 de abril de 2014 para comprar los votos de un puñado de diputados y seguir en la Moncloa.
Los aduladores y las aplaudidoras, azuzados por Sánchez, se lanzan como perros de presa contra los principales líderes históricos del PSOE y contra aquellos barones autonómicos socialistas que, como el ya fallecido presidente Lambán o el presidente García-Paje, se han posicionado en contra de los pactos indecentes y las concesiones injustas hechas a Junts, ERC, EH Bildu y PNV, no porque estén en contra del diálogo con otras fuerzas políticas, sino porque están creando ciudadanos de primera (vascos, catalanes y navarros) y de segunda (el resto de los españoles). ¿Se han convertido todos ellos en fachas, como corean los miembros del gobierno, altos cargos del partido y medios de comunicación afines al régimen sanchista, en torno a los cuales conviene mantener un cordón sanitario o incluso expulsarlos del partido? La realidad es que, como ha manifestado el expresidente González, muchos de ellos ya no se sienten representados por un partido irreconocible de cuyas siglas se ha caído, al menos, la ‘E’ de España.
