El Govern de Catalunya ha puesto en marcha la elaboración de una ley pionera para proteger a las personas alertadoras de corrupción e infracciones que amenacen el interés público. La iniciativa busca reforzar la seguridad, el apoyo y la protección integral de quienes decidan informar sobre malas prácticas, con el objetivo de mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, consolidar las políticas de integridad y fortalecer los valores de transparencia y buen gobierno.
Actualmente, la normativa sobre esta materia está dispersa en distintas disposiciones, como la Directiva europea (UE) 2019/1937, la Ley estatal 2/2023 o el Acuerdo de Govern 160/2023, lo que dificulta su aplicación. Ante esta situación, el Ejecutivo catalán considera necesario establecer un marco legal propio, coherente y completo, que defina el ámbito de las alertas, los requisitos de los sistemas de información, la gestión de los casos y las garantías de protección a las personas alertadoras, incluyendo un régimen sancionador.
Resolución del Parlament
El proyecto también responde a compromisos adquiridos con entidades como el Observatori Català contra la Corrupció, que agrupa a más de 70 organizaciones, y con la Oficina Antifrau de Catalunya. Además, da cumplimiento a una resolución del Parlament que instaba al Govern a tramitar esta norma.
Los principales objetivos de la ley son: garantizar el derecho al anonimato, la confidencialidad y la prohibición de represalias para las personas alertadoras; asegurar un sistema de información seguro y accesible; mejorar la coordinación entre instituciones públicas; reforzar las infraestructuras de integridad en los sectores público y privado; avanzar en la lucha contra la corrupción y promover un cambio cultural que reconozca el valor cívico de las alertas.
Para la redacción del articulado, el Govern abrirá un proceso de participación ciudadana en el portal Participa.cat, con el fin de recoger la opinión de la ciudadanía y de entidades sociales. Aunque el periodo de exposición pública suele ser de 15 días, en este caso se prolongará un mes dada la relevancia de la iniciativa, con el objetivo de alcanzar el máximo consenso.
