Hasta hace poco, la excusa del lawfare solo la utilizaban partidos que se distinguen, precisamente, por pretender impugnar el sistema institucional nacido con la Constitución de 1978. Ahora, sin embargo, lo utilizan los dos grandes partidos sistémicos. Y esto es sin duda mucho más grave.
Sostiene Isabel Díaz Ayuso que en España los escándalos “tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene, él decide la agenda mediática de este país”. De lo que infiere la presidenta de la Comunidad de Madrid que el auto de apertura de juicio oral a su pareja, Alberto González Amador -por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal, por defraudar presuntamente 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas para ello- responde a los aprietos judiciales del entorno del presidente del Gobierno.
«Cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, sí que pensé qué vendría a continuación en el entorno de Sánchez, y mira, hoy tenemos el procesamiento de su hermano», afirmaba en respuesta al procesamiento judicial de su pareja.
La excusa del lawfare solo la utilizaban partidos que se distinguen, precisamente, por pretender impugnar el sistema institucional nacido con la Constitución
Pedro Sánchez, o Patxi López en su nombre, dicen más o menos lo mismo, pero al revés. Cada nuevo auto del juez Peinado en la instrucción contra Begoña Gómez, esposa del presidente, responde a un paso adelante en la acción de la justicia contra González Amador.
En resumidas cuentas, cualquier investigación judicial sobre la actuación de líderes políticos o sus entornos recibe casi automáticamente la acusación de lawfare. A saber, el uso torticero de la justicia para perjudicar a un rival político.
Hasta 2017, pocos conocían el término lawfare, más allá de los círculos jurídicos especializados en la materia. Y quizá también Ada Colau y sus seguidores, que llevan años tachando de lawfare cualquier intento de impugnar por la vía judicial sus políticas urbanísticas.
Ni siquiera con esos precedentes tuvo empacho Laura Borràs en denunciar una persecución política en su papel de Juana de Arco del independentismo
Con el procés los catalanes nos familiarizamos tristemente con el término. Fue lawfare la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, aunque no tuvieran empacho en aparecer como líderes de la manifestación destinada a impedir el registro judicial de la Conselleria de Economia, entonces en manos de Oriol Junqueras.
Lawfare era también juzgar a Junqueras, Carles Puigdemont y el resto de líderes del 1-O, porque quién podía imaginar que aquello fuera ilegal, si “solo querían votar”. Sin olvidar el lawfare de libro, denunciaban los voceros de la causa, que asomaba en las investigaciones judiciales sobre Tsunami Democratic; quién en su sano juicio defendería que el bloque de una infraestructura estratégica como el Aeropuerto de El Prat es un delito de los gordos.
Y así suma y sigue, hasta llegar al procesamiento por malversación de Laura Borràs. Unas irregularidades descubiertas porque el beneficiario de sus “trapis” -tal como los definía la propia Borràs- era un toxicómano que no solo trapicheaba con dinero público. Y fue grabado en el marco de una operación policial contra el narcotráfico. Ni siquiera con esos precedentes tuvo empacho Laura Borràs en denunciar una persecución política en su papel de Juana de Arco del independentismo.
En estas llega el procesamiento del hermano de Sánchez por la dudosa gestión del concurso público que le llevó a disfrutar de una plaza inédita en la Diputación de Badajoz. O de Begoña Gómez por la confusión entre lo público y lo privado en la gestión del máster que dirigía. Y el lawfare escala, para entrar en los argumentarios del partido en el Gobierno.
Los votantes podrán pensar, con buen criterio, que la actuación de tal o cual juez ofrece serias dudas
Es cierto que el hecho de que ambos procesos nacieran de denuncias del pseudo-sindicato Manos Límpias, basados únicamente en informaciones de prensa, no ayudan al prestigio de la justicia. Pero ese pecado original no justifica la deriva del PSOE. Tampoco que el PP de Ayuso se sume a ella.
Hasta hace poco, la excusa del lawfare solo la utilizaban partidos que se distinguen, precisamente, por pretender impugnar el sistema institucional nacido con la Constitución de 1978. Ahora, sin embargo, lo utilizan los dos grandes partidos sistémicos. Y esto es sin duda mucho más grave.
Cuando los grandes partidos cuestionan al poder judicial socavan la confianza del ciudadano en todo el entramado institucional. Los votantes podrán pensar, con buen criterio, que la actuación de tal o cual juez ofrece serias dudas. Pero también las ofrece la actuación de unos partidos incapaces de asumir sus errores.
Tampoco estaría de más que el Poder Judicial fuera un poco más crítico con aquellos de sus miembros que lo merecen y abandonara un corporativismo que lo hace parecer inmune a la critica que limita al resto de los poderes del Estado. Pero eso ya sería objeto de otro artículo.
