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El PP se la juega en Cataluña

Si los populares no tienen un compromiso firme en materia de financiación autonómica y de lengua, muchos constitucionalistas pueden votar a VOX

Alejandro Fernández, Daniel Sirera y Alberto Núñez Feijóo.
Alejandro Fernández, Daniel Sirera y Alberto Núñez Feijóo.

El último sondeo electoral publicado en La Vanguardia el 21 de septiembre apunta a que el PSC de Illa se mantiene como primera fuerza política (36 escaños), aunque podría perder media docena de escaños, en tanto Junts (21 escaños) y ERC (21 escaños) continuarían cediendo terreno. El gran beneficiado por la caída de los partidos independentistas que protagonizaron el fallido proceso de secesión e 2017 sería Aliança Catalana (19 escaños frente a los 2 actuales), un nuevo partido independentista que promete declarar unilateralmente la independencia y expulsar al Estado de Cataluña, contrario a firmar pacto alguno con los gobiernos de España, y partidario de promover la reindustrialización de Cataluña y aceptar sólo la inmigración cuando beneficia a los catalanes, no a los extranjeros.

VOX, por su parte, mantiene un discurso que rivaliza con Aliança en materia de inmigración y una clara posición en contra de la inmersión lingüística que parece estarle dando buenos resultado frutos (16 escaños en el sondeo frente a los 10 actuales) y podría situar al partido de Abascal por delante del PP (13 escaños en el sondeo). Los Comunes (5 escaños) y la CUP (4 escaños) cerrarían el arco parlamentario.

Difícil gobernabilidad

Con estas cifras, el respaldo de ERC y los Comunes resultaría insuficiente para que Illa pudiera continuar gobernando y aunque los tres partidos secesionistas (Junts, ERC, AC) y la CUP) lograran cerrar milagrosamente un acuerdo para aprobar la resolución de independencia no contarían con la mayoría parlamentaria (68 escaños) para sacarla adelante en el Parlamento de Cataluña.  El horizonte de las elecciones autonómicas está muy lejos y este sondeo sólo puede considerarse una indicación de que la creciente fragmentación política podría dificultar la gobernabilidad de Cataluña en los próximos años. En clave nacional, estas cifras apuntan también a que el proceso de recuperación del PP en Cataluña podría haberse estancado en favor de Vox y ésta es una muy mala noticia para la aspiración de Feijóo de llegar a la Moncloa. 

La notable recuperación en votos y escaños del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2024 (15 diputados frente a los 5 obtenidos en 2021) dieron un respiro al liderazgo de Alejandro Fernández cuestionado, según se dice, desde algunos ámbitos del PP en Cataluña y en Madrid. Pero los resultados de este sondeo deberían llevar a reflexionar a Feijóo, porque va a resultarle muy difícil llegar a la Moncloa con una mayoría holgada si no lograr mejorar los resultados en Cataluña. Que la mayoría de las propuestas de la formación de Abascal resulten simplistas y muy difíciles, por no decir imposibles, de poner en marcha, no resta atractivo a las apelaciones altisonantes de sus líderes a la religión, la familia y la patria, para expresarlo con palabras de Gilda en Rigoletto. 

El reto de VOX

Sin pretensión de exhaustividad, voy a centrarme en tres propuestas de Vox sobre la arquitectura institucional del Estado incluidas en el programa electoral presentado en las elecciones de julio de 2023, que son las que, a mi entender, están encontrando más eco en algunos segmentos de la sociedad española:

  1. Instaurar un estado unitario administrativamente descentralizado que garantice la unidad de España y evite el despilfarro del ‘Estado Autonómico’, e ilegalizar a todos los partidos y organizaciones separatistas y terroristas.
  2. Devolver al Estado las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia para garantizar el uso del idioma español en todo el territorio nacional, y asegurar el derecho a ser educado en español y acceder a todas las Administraciones en igualdad de condiciones.
  3. Garantizar una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades de nuestro mercado laboral y sancionar con dureza a quienes empleen inmigrantes sin permiso de residencia.

En los tres casos, se señalan problemas importantes surgidos por la desordenada transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas en España y por la ausencia de una política migratoria efectiva de las instituciones y los países de la UE, dos problemas sobre los que los gobiernos españoles y Bruselas han preferido pasar de puntillas y poner parches. Con referencia a las dos primeras, los cierto es que tanto PSOE como PP, los dos partidos que se han alternado al frente del Gobierno desde 1982, han renunciado a aprobar e implementar leyes marco para evitar las disfunciones ocasionadas por la cesión de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas. En cuanto a la tercera, ni los gobiernos de España ni las instituciones de la UE han sido capaces de adoptar políticas migratorias en un mundo globalizado para contener el creciente flujo de inmigrantes. Esconder la cabeza debajo del ala y pasar los problemas a la Administración siguiente no ha hecho sino agravarlos creando el caldo cultivo perfecto para que florezcan partidos como Vox y Aliança Catalana.

En el caso de Cataluña, los partidos secesionistas (ERC y CiU a partir de 2012) y nacionalistas (CiU hasta 2012 y el PSC desde al menos 2003) han hecho de la inmersión lingüística en catalán la piedra angular de la construcción de la ‘nación’ catalana y han optado por imponer a golpe de decreto y sanciones el catalán en el sistema educativo, las Administraciones autonómicas y locales, y las empresas, y han rechazado con virulencia cualquier intento, por tímido que fuera, de que los dos idiomas de los catalanes, catalán y castellano, convivan con normalidad en la sociedad catalana. Quienes llegamos a Cataluña cuando el proceso de ‘normalización’ lingüística estaba en sus inicios, atraídos por el ambiente cosmopolita de Barcelona, hemos visto como el clima de tolerancia se ha deteriorado desde entonces y nada indica que la situación vaya a revertirse en el futuro.

La llegada de inmigrantes sin prácticamente ningún otro obstáculo de entrada que el coste del viaje y el riesgo, muy elevado en algunos casos, de la travesía proporciona mano de obra barata, desde luego, pero la escasa formación y habilidades y las barreras lingüísticas y culturales dificultan en muchos casos su inserción en el mercado laboral y el desarrollo de una carrera profesional. Según se desprende de la Estadística Continua de Población del INE, la población extranjera en España ha pasado de 4.473.791 en 2018 a 6.947.711 en 2025, con un incremento acumulado de 2.473.920 personas, mientras que el número de personas extranjeras ocupadas, según la EPA, ha pasado de 2.258.000 a 3.267.900, con un aumento de 909.900 personas en ese periodo. Aunque se trata de estadísticas muy distintas, la abultada diferencia entre ambas cifras apunta a que la capacidad de acogida se encuentra al límite y debería tomarse como una llamada de atención seria.

Ya no valen las ambivalencias

Los casos de corrupción que han llevado a investigar a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, ambos estrechos colaboradores de Sánchez durante la última década, junto con las imputaciones del fiscal general, el hermano y la esposa del presidente han acorralado al Gobierno que ya no sabe que ofrecer a sus insaciables avalistas para contentarlos. Los pactos cerrados con Junts y ERC están pasando factura tanto al Gobierno como a los dos partidos secesionistas, pero quienes más se están beneficiando del desgaste de unos y otros son Vox y Aliança Catalana. El PP cometió graves errores en Cataluña bajo el liderazgo de Sánchez Camacho y el apoyo de Albiol al Pacto Nacional por la Lengua o las ambiguas declaraciones de Bravo sobre “reconciliación fiscal con Cataluña” no están ayudando a clarificar su posición.

Por ello, a los constitucionalistas catalanes nos gustaría saber si el PP se compromete: 1) a aprobar un sistema de financiación acordado por todas las Comunidades de régimen común en la Comisión de Política Fiscal y Financiera; y, 2) a acabar con las imposiciones y las sanciones lingüísticas en todas las Comunidades con más de una lengua oficial y ‘normalizar’ el uso de la lengua común en todos los ámbitos, incluido el educativo. El PP se la juega porque hay muchos ciudadanos en Cataluña que, ante la ambigüedad mantenida sobre ambas cuestiones, pueden inclinarles a votar a Vox, aunque no compartan en absoluto ni los planteamientos de esta formación en otras cuestiones ni su agresividad fatua.

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