Escándalo en el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio ha ejecutado -con casi dos años de retraso- la sentencia que anulaba el nombramiento de Jaume Muñoz como director de Patrimonio Cultural, debido a una serie de presuntas irregularidades que apuntaban a la potencial existencia de favortitismos en su elección. Tras el cese, pero, el equipo de cultura lo ha recolocado en el mismo departamento con un cargo distinto, de remuneración aún desconocida pero con atribuciones similares.
Muñoz fue designado en 2022, en los últimos meses del gobierno de Ada Colau. Desde el primer momento, el sector museístico expresó su rechazo: su currículum apenas incluía tres años como jefe de acomodadores del Liceu y unos meses en la revista L’Avenç. A pesar de que otros candidatos finalistas contaban con una trayectoria sólida y manifiestamente más adecuada, el Ayuntamiento desestimó sus alegaciones, por lo que los afectados recurrieron a los tribunales. La justicia dio la razón a los demandantes, anuló el nombramiento y concedió dos meses al consistorio para aplicar la sentencia, un plazo que se ha incumplido extensamente.
El Ayuntamiento ha destituido a Muñoz del cargo directivo, pero lo ha reubicado inmediatamente como coordinador de proyectos culturales vinculados a memoria y patrimonio. Se trata de un destino de nivel 26 en la escala funcionarial, provisional y no directivo. La retibución base para este nivel de escalas funcionariales es generosa, aunque no se tiene acceso a datos concretos, en el resto de administraciones superan holgadamente los 50.000 euros anuales.
El Ayuntamiento se escuda en que ha «cumplido escrupulosamente con la sentencia», pero el malestar de fondo sigue; la perpeción, cada vez más verosímil, de que Muñoz accedió a su puesto por motivos ajenos a su atractivo profesional.
