Los billetes para repatriar a los miembros de la Flotilla se han pagado con dinero público. Así lo ha confirmado el Minisro de Exteriores. Albares justifica la medida como un “procedimiento habitual para agilizar la salida de ciudadanos españoles en situaciones complejas”. Sin embargo, la experiencia sugiere que no funciona igual para todos.
No te vi igual de solidaria cuando había que repatriar a Ángela Agudo desde Tailandia. pic.twitter.com/K2mTR6PWty
— Cesare Lombroso (@Ceslombroso) October 6, 2025
Ángela Agudo, la joven valenciana que en 2024 sufrió un grave accidente de moto en Tailandia. Su familia tuvo que recaudar casi 300.000 euros mediante donaciones para costear un avión medicalizado que la trajera de vuelta a Valencia. El Gobierno se negó entonces a facilitar un avión, alegando que no correspondía al Estado asumir esos gastos. Y es que si un español se pone de manera deliberada en peligro, en el extranjero, esa suele ser la repsuesta oficial.
El contraste indigna: a los miembros de la flotilla -que viajaron por voluntad propia a una zona de alto riesgo- se les paga el billete de regreso. Una ciudadana sufre un accidente y se deja desamparada a la familia. De aceurdo con sus propios criterios, el Estado solo puede intervenir en casos de emergencia humanitaria o cuando existe un interés nacional. Lo primero ha quedado abastadamente desmentido. Lo segundo no entra ni a debate.
La opinión general es clara: Se trata de un uso indebido de fondos públicos. No es frauduluento ni mucho menos ilegal, pero si poco ético.
El Protocolo de Asistencia Consular española establece que los gastos de transporte, repatriación o asistencia médica en el extranjero deben ser sufragados por el interesado o sus familiares. Pero claro, aquí hay cámaras e intereses partidistas.
