Koldo García, el portero más prolífero del Reino, se ha acogido a su derecho a no declarar ante Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo. En contra de las expectativas generadas -el mismo Koldo se ha presentado con una bolsa de equipaje a la vista-, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado prisión provisional y García permanece en libertad bajo medidas cautelares.
Koldo 🚪🌹 se acoge a su derecho a no declarar.
— EM-electomania.es (@electo_mania) October 16, 2025
La Fiscalía no solicita prisión para él, pero la acusación popular sí.
El exasesor del Gobierno y exportero de clubes está señalado por la UCO como “gestor y custodio de fondos opacos”.
👇https://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/e6Esw7yO6Y
El investigado ha declinado responder preguntas del juez, de la Fiscalía y de las acusaciones. Alega que no puede ejercer su defensa con garantías porque aún no ha podido acceder a los dispositivos incautados y que esas pruebas se hallan bajo custodia del Supremo.
La Fiscalía, a pesar de considerar que el informe reciente de la UCO refuerza los indicios contra él, no ha pedido prisión al estimar que las medidas cautelares existentes – retirada de pasaporte, comparecencias periódicas y prohibición de salir del país- son suficientes para garantizar que no se fugue ni obstaculice el proceso.
Durante la vista se le ha reprochado el contraste entre su “locuacidad” en los medios de comunicación y su silencio absoluto ante el juez. Por su parte, la acusación popular representada por el PP ha insistido en solicitar prisión preventiva, arguyendo que Koldo podría ocultar fondos en el extranjero. La petición ha sido desestimada.
La UCO atribuye a Koldo un papel de “custodio” del efectivo opaco que, según la investigación, tenía como destino -presuntamente- Ábalos. En uno de los últimos informes policiales se detectaron más de 95.000 euros en gastos sin respaldo bancario durante 2017–2021, vinculados, según los investigadores, a pagos en efectivo gestionados desde el entorno de García.
El Tribunal Supremo ha avalado la continuidad de la investigación sobre obras públicas durante la etapa de Ábalos señaladas por el empresario Víctor de Aldama, y ha aceptado como válida una prueba pericial que vincula anotaciones manuscritas a García.
La instrucción judicial sigue su curso. El juez Puente ha dejado abierta la posibilidad de revisar e incluso endurecer las medidas si aparecen nuevos indicios o riesgos.
