Jordi Cerdà
Me llamo Jordi Cerdà y soy uno de los impulsores de la Plataforma de Afectados por la Función Pública (PAFP), una organización que agrupa a trabajadores y trabajadoras de las distintas administraciones públicas catalanas —principalmente personal interino— que sufren una situación de abuso de temporalidad.
La PAFP es un colectivo nacido en abril de 2024 con el objetivo de defender el derecho al trabajo fijo para todas las personas trabajadoras interinas en situación de abuso de temporalidad dentro de las administraciones públicas. La plataforma forma parte del movimiento social que da respuesta a esta problemática estructural que afecta a instituciones como la Generalitat de Catalunya, las diputaciones, los consejos comarcales y los ayuntamientos.
En Catalunya se calcula que 200.000 trabajadores públicos se encuentran en abuso de temporalidad, y más de 800.000 en el resto del Estado, siendo los colectivos más perjudicados el personal docente y el del sector público sanitario.
El 15 de junio de 2024, la PAFP convocó, junto con diferentes sindicatos combativos, una protesta en Barcelona para reclamar la fijeza de los trabajadores, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 13 de junio de 2024. Esta sentencia establece que, en ausencia de medidas adecuadas en el derecho nacional para prevenir y sancionar el abuso en la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados reiteradamente, la conversión de dichos contratos temporales en fijos puede constituir una medida adecuada.
Desde entonces, hemos organizado diversas movilizaciones, destacando las manifestaciones de octubre y diciembre de 2024. También estuvimos presentes en el Parlament de Catalunya durante el debate sobre la situación del personal público temporal, donde centenares de compañeros y compañeras nos concentramos para apoyar a los representantes del colectivo que comparecían ante la cámara catalana.
Nuestra acción no se ha limitado a Catalunya. También hemos liderado movilizaciones frente al Congreso de los Diputados, con dos manifestaciones —una en junio y otra en octubre de 2025— para visibilizar esta causa a escala estatal. Gracias a esta labor, hemos conseguido situar los derechos laborales del personal público temporal en el centro de los debates parlamentarios autonómicos y nacionales. Actualmente, la PAFP mantiene un diálogo permanente con las diferentes fuerzas políticas, con el objetivo de impulsar y lograr la aprobación de las enmiendas de fijeza introducidas en la Ley de Función Pública del Estado, actualmente en tramitación.
¿Qué es el abuso de la temporalidad?
El abuso de la temporalidad se produce cuando las administraciones públicas cubren de manera continuada puestos de trabajo estructurales, es decir, permanentes, mediante contratos o nombramientos temporales. Esto genera una situación injusta y precaria para miles de trabajadores y trabajadoras que, pese a ocupar el mismo puesto durante años o incluso décadas, no tienen estabilidad laboral ni reconocimiento de su antigüedad.
Este fenómeno es especialmente grave en el sector público español y catalán, donde la falta de procesos de estabilización efectivos y la sucesión de nombramientos temporales han generado verdaderas situaciones de abuso. En muchos casos, hay personas que llevan más de 15 o 20 años trabajando para una administración en la misma plaza sin haber sido nunca fijas.
El papel del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)
Ante esta realidad, diversas demandas presentadas por trabajadores interinos han llegado al TJUE, que en los últimos años ha dictado varias sentencias clave para abordar el problema:
Sentencia de 19 de marzo de 2020: el TJUE reconoció que la sucesión de contratos temporales para cubrir necesidades permanentes constituye un abuso. No obstante, dejó en manos de cada Estado la responsabilidad de determinar cómo sancionarlo.
Sentencia de 22 de febrero de 2024: el Tribunal reafirmó que el uso reiterado de contratos temporales en el sector público sin medidas correctoras contraviene el derecho europeo.
Sentencia de 13 de junio de 2024: el TJUE fue más allá y dictaminó que, en ausencia de sanciones efectivas en el derecho nacional, la conversión de los contratos temporales en fijos puede ser una medida adecuada y proporcional.
