La investigación sobre la violación grupal sufrida por una universitaria en Pamplona el pasado viernes ha desatado una fuerte polémica tras conocerse nuevos detalles del caso. De acuerdo con las informaciones publicadas por El Mundo, tres de los cuatro detenidos se encuentran presuntamente en España de forma irregular y cuentan con expedientes de expulsión abiertos. Todos los detenidos, serían de origen magrebí y residen en una zona de asentamientos en la capital navarra.
Los hechos ocurrieron durante la conocida “carpa universitaria”, una fiesta organizada por estudiantes de la Universidad Pública de Navarra, que contó con más de 2000 estudiantes.
La joven fue hallada por agentes de la Policía Municipal de Pamplona, semiinconsciente y desorientada, con signos de intoxicación etílica y la ropa descolocada. Tras recibir atención médica, fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, donde se activó el protocolo de agresiones sexuales. Inicialmente se sospechó de un solo autor, pero las pruebas biológicas y el testimonio de la víctima revelaron la implicación de varios hombres.
Os acordáis de la manada de Pamplona, del Prenda y sus colegas, de sus caras, de sus nombres, de sus profesiones, de los cientos de manifestaciones, ríos de tinta y horas de TV???
— DR. FRAUDEZ (@Melacaton2) October 29, 2025
Pues ha vuelto a pasar y nadie se ha enterado.
Ahora pregúntate por qué. pic.twitter.com/8HBNX9Lxix
Cuando la manada fue de españoles Irene Montero removió cielo y tierra. Si no pone el grito en el cielo por esta nueva manada de Pamplona entonces ya sabéis quién paga a Irene Montero https://t.co/P7nV1W7bNB
— Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 28, 2025
La última vez que hubo una manada en Pamplona hubo un estallido de furia feminista en todo el país
— Hugo Pérez Ayán (@hp_ayan) October 29, 2025
Esta vez, por algún motivo, no pic.twitter.com/QrbLMkbhUa
La revelación de su supuesta nacionalidad y estado irregular, con orden de expulsión pendiente, han encendido todas las alarmas y avivado la polémica. La fuente de indignación es cristalina: la ciudadanía detecta una doble vara de medir en el momento de denunciar públicamente estos hechos por parte de las autoridades públicas. El caso pondría a su vez de relieve un sistema de repatriación deficiente, cuyas consecuencias habrían sido nefastas en esta ocasión. Estos hechos no ayudan a moderar un debate que no debe llevar a la acusación indiscriminada ni a la xenofobia pero que tampoco puede ser obviados. Las agresiones sexuales, u otros delitos, deben ser denunciados sean quiénes sean los autores sin aspavientos pero con determinación.
