“Una persona, una casa”. Es el nuevo leitmotiv de los Comunes y Sumar, que creen haber encontrado un filón en la denuncia constante del sector inmobiliario. Inasequibles al desaliento e inmunes a los desastrosos efectos de sus experimentos en Barcelona -ciudad que lleva una década aplicando sus soluciones, y así nos va- los morados han decidido dar una nueva vuelta de tuerca al mercado. Ahora, contra la compra.
La propuesta presentada al alirón por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, la portavoz en el Parlament, Jessica Albiach, y la líder morada en el Ayuntamiento, Janet Sanz, propone modificar la Ley de urbanismo para que los ayuntamientos puedan elaborar planes especiales en las zonas tensionadas, de manera que «una persona solo pueda comprar una casa».
Habrá excepciones, aseguran los ideólogos de tan prodigiosa medida. Aunque teniendo en cuenta que el 90% de la población de Cataluña vive en municipios tensionados, pocos se librarán de la nueva restricción al mercado.
Eso sí, se permite, de momento, la compra de segundas residencias. O de una vivienda para tu hijo, si tienes la suerte de disponer de los ahorros necesarios. Y ya. Su única concesión a los inversores es la compra de edificios enteros “si es para poner las viviendas en alquiler a un precio que se ajuste al índice establecido por la ley”. Como si hubiera otra opción. Eso sí, pagando el 20% de IPT, tal como recoge la anterior gran medida ideada por los Comunes, y aceptada alegremente por el Govern de Salvador Illa.
Tras destrozar el mercado de alquiler, los Comunes se proponen ahora hacer lo propio con el de venta, y ya advierten de que esta modificación legal será condición sine qua non para aprobar los presupuestos en el Ayuntamiento y la Generalitat. Avisados estamos.
Y Salvador llla ya ha empezado a comprarles el discurso. Lo reconoció hace dos semanas en el Parlament, cuando anunció en respuesta a la CUP que están “estudiando medidas contra la compra especulativa”. Que no pare la fiesta.
El anunció de Sumar llegó apenas un día después de que las asociaciones de agentes inmobiliarios (APIs) explicaran en un ilustrativo desayuno informativo los efectos de las medidas legislativas adoptadas hasta ahora sobre el mercado inmobiliario. Efectos que se resumirían en una palabra: colapso.
La solución llegará a medio y largo plazo, advirtió Montserrat Junyet, presidenta de la Asociación de API de Cataluña al tiempo que pedía -casi imploraba- frenar “esta locura de actividad legislativa que solo empeora la situación”. No parece que los actores políticos competentes vayan a atender su ruego.
De hecho, uno de los datos más sorprendentes del encuentro fue descubrir que ninguna de las leyes y decretos aprobados en la última década se ha consultado previamente con los actores del sector. La propia Junyent recordó su participación, junto a un grupo reducido de representantes de los diferentes sectores involucrados, en la redacción de la Ley de vivienda de Cataluña de 2007.
Desde entonces, parece que las únicas voces autorizadas son la PAH, el Sindicat de Llogateres o IDRA, que viene a ser todo lo mismo. Un círculo de entidades entrelazadas y ligadas a su vez -¡oh sorpresa!- con los Comunes que ha convertido Cataluña, y singularmente Barcelona, en un laboratorio legislativo en el que no se aclaran ni los propios legisladores.
De hecho, los profesionales del sector ni siquiera se atreven a cuestionar el tope de precios al alquiler, o el despropósito de que la medida excepcional de frenar desahucios -dictada para solucionar situaciones extremas derivadas de la pandemia y el confinamiento- siga vigente cinco años después. Ya solo piden una única ley, un texto que unifique la normativa, y ya de paso dé coherencia a las normas estatales, autonómicas y locales, para saber a qué atenerse.
Porque resulta que no es o mismo ser gran tenedor en Madrid que en Barcelona. Y tampoco está claro qué significa eso de las 5 propiedades en Barcelona. ¿Incluye la vivienda habitual? ¿Una segunda residencia? Hasta ahora sí, ahora parece que la Generalitat podría reconsiderar ese punto, vista la interpretación de Hacienda. Pero quién sabe qué será de los propietarios el mes que viene.
