El Economista publicaba ayer una extensa y detallada radiografía de la economía española y sus principales carencias. Tal y como también hemos venido explicando aquí a lo largo de los últimos meses, la pieza analiza como España se enfrenta a una preocupante paradoja: el crecimiento del PIB no se está traduciendo en un aumento real del bienestar de los trabajadores. Al contrario, mientras el país avanza económicamente, la mayoría de los salarios pierden poder adquisitivo o se estancan, alejándose del ideal de una sociedad próspera y adentrándonos en un paradigma de pobreza estructural.
Los datos que recoge el medio revelan un cambio preocupante en la estructura salarial española: el salario mínimo interprofesional, que ha crecido un 46% entre 2018 y 2023, se ha ido acercando peligrosamente al salario modal -seáse el más frecuente-. Nos han igualado a todos por abajo en vez de potenciar nuestro enriquecimiento. En 2018, la diferencia entre el SMI i el salario modal era de un 39%. Actualmente -afectado por supuesto por la subida del SMI de parte del PSOE, pero también de otros factores menos alentadores- la diferencia entre ambas referencias es de apenas un 3% en términos nominales. En términos reales, descontando el impacto de la inflación, la situación es como sigue: el salario modal ha caído más de un 20% en cinco años, mientras que el SMI apenas mantiene su valor.
Esto responde a una dinámica desigual: salarios más bajos ligeramente protegidos por el SMI, mientras que el resto permanece atrapado por una economía incapaz de ganar productividad. Crecemos mucho, muchísimo, pero a partir de trabajos precarios que potencian el PIB y la tasa de ocupación sí, y que también estancan a los sectores productivos -es decir, los bien remunerados- y expanden nuestra economía a partir de la creación de nuevos pobres. Concretamente, el país crece en sectores como el turismo o los servicios, intensivos en empleo pero con bajo valor añadido, lo que no permite pagar sueldos más altos.
La situación es muy grave, pero tardaremos aún algunos años en darnos cuenta -como pasa siempre-. La economía crece a costa de hacernos menos competitivos y generar trabajos precarios: ello se repercute a su vez en una balanza comercial negativa y un clima estancado. Mientras tanto, y para sufragar el mantenimiento del Estado del Bienestar con una estructura salarial a la baja, nuestros impuestos suben pese a que somos más pobres. En apenas cinco años, para acabar de mejorarlo todo, los baby boomers empezarán a jubilarse, abandonando el mercado productivo, dejando de contribuir al sistema y empezando a depender de él en masa. No envidio a quién esté entonces en el Gobierno.
El resultado es lo que El Economista define como una “estructura salarial achatada”: un mercado laboral donde la mejora profesional no se traduce en mayores ingresos, lo que desincentiva la formación, reduce la movilidad social y debilita a la clase media. Un fenómeno que no solo limita el crecimiento individual, sino también la capacidad del país para sostener un modelo económico competitivo y, sobre todo, sostenible.
