La semana pasada dediqué mi artículo a repasar las indecorosas concesiones políticas hechas por el PSOE y el PSC a los partidos nacional-separatistas para seguir Sánchez en la Moncloa e Illa en Palacio de la Generalidad de Cataluña. Sánchez e Illa no han tenido problema alguno en negociar la amnistía con un prófugo de la justicia para redactar al alimón la norma tras haber dicho y repetido a los ciudadanos que no habría amnistía para los sediciosos que patrocinaron el referéndum ilegal del 1 de octubre y proclamaron la independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Conviene recordar las palabras del humanista cristiano que ocupa la presidencia de la Generalidad: “De amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Pues de amnistía y todo eso, todo. Lo repito: de amnistía y todo eso, todo.
Desde un punto de vista político y judicial, amnistiar a delincuentes juzgados por el Tribunal Supremo que han voceado que lo volverán hacer en cuanto la ocasión se presente constituye un acto de corrupción política de primer orden porque como acertadamente señalaba el expresidente González en una entrevista “esta autoamnistía es una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista… [porque] , no es perdonarles, es pedirles perdón”. Aunque la corrupción política en la que Sánchez ha embarcado a su partido sea muy grave, no pueden dejarse pasar otro tipo de corruptelas que han convertido en objeto de mofa el eslogan “100 años de honradez y firmeza” con que el partido celebró el centenario de su fundación en 1979.
El jardín de la corrupción
Los casos de corrupción que han ido aflorando desde 2021, son muchos y variados y afectan de momento a un exministro (Ábalos), a dos exsecretarios de Organización del PSOE (Ábalos y Cerdán), al fiscal general del Estado (García Ortíz), a un asesor ministerial (Koldo García), a la expresidenta de Adif (Isabel Pardo de Vera) y al exdirector general de Carreteras (Javier Herrero), al delegado del gobierno en Madrid (Martín Aguirre) y a la propia esposa del presidente Sánchez (Begoña Gómez) y a su hermano (David Sánchez). La sombra alargada de la corrupción empaña también el desempeño del jefe de gabinete (Carlos Moreno) de la vicepresidenta primera Montero, la actividad supuestamente ‘periodística’ de la conocida como fontanera del PSOE (Leire Díez), vinculada con el exsecretario de Organización Cerdán, así como al secretario general del PSOE en Extremadura (Gallardo), al del PSOE y actual presidente de Enusa (Mariano Moreno) y la actual gerente del PSOE (Ana María Fuentes), quienes tras pasar de puntillas por la Comisión del Senado que investiga los “contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme”, comparecieron esta semana en calidad de testigos en el Tribunal Supremo.
A los casos anteriores, pendientes de las investigaciones y diligencias de los distintos tribunales de justicia, hay que sumar las tramas urdidas por el conseguidor Aldama que afectan a la exministra de Industria y Turismo y actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid (Reyes Maroto) y a la exministra de Transición Ecológica (Ribera) por la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos a la sociedad Villafuel S.L., relacionada con el comisionista Aldama y los empresarios Claudio y María Luisa Rivas. La sombra de la corrupción se extiende también a los contratos otorgados por el ministro del Interior (Marlaska), la presidenta del Congreso (Armengol) y el ministro de Administraciones Públicas y Memoria Democrática (Torres) a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L. para adquirir partidas de mascarillas, algunas de ellas defectuosas, durante la pandemia, cuando Armengol y Torres presidían sus respectivas Comunidades, las Islas Baleares y las Islas Canarias. En algunas de estas operaciones, la mediación del asesor para todo Koldo García y el ministro Ábalos resultó decisiva para cerrar los contratos.
Nombres propios
Todo un mosaico de corrupción generalizada en el que, sin duda, sobresalen de momento las figuras de Ábalos y Cerdán, y Koldo García, su hombre de confianza para todo. Ábalos, secretario de organización del PSOE entre 2017 y 2021, el mismo prohombre que, como portavoz socialista, enarboló la bandera contra la corrupción en la moción de censura al presidente Rajoy, y una vez instalado en el Ministerio de Transportes utilizó presuntamente su influencia como número 2 en el Gobierno y el PSOE para cerrar contratos con determinadas empresas, amañar licitaciones de obras y obtener sustanciosas comisiones a cambio. De momento, están siendo investigados por pertenencia a organización criminal por el Tribunal Supremo. Cerdán, sucesor en el cargo de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, además de haber sido el encargado por Sánchez de negociar la ley de autoamnistía con el prófugo de Waterloo, desempeñaba al parecer un papel muy relevante en la precitada organización.
Desconocemos todavía con exactitud cómo se repartían las responsabilidades y los beneficios obtenidos entre al menos tres de los cuatro miembros de la cuadrilla del Peugeot, pero cada vez hay más indicios de que los sacos con dinero y los sobres con efectivo en el PSOE no eran una invención de organizaciones de ultraderecha sino una práctica habitual en un partido donde la corrupción alcanza, nada más y nada menos, que a quienes ocuparon sucesivamente la secretaría de Organización entre 2017 y 2025. Ya veremos hasta dónde llegan los tribunales en cada uno de los casos, pero como ciudadano sólo puedo pensar que los ascensos en Ferraz, desde la llegada de Sánchez a la secretaría general del PSOE, se han decidido en función de dos criterios: la altura del termómetro de fidelidad al número 1 y la habilidad para conseguir fondos ‘extraordinarios’ para el partido.
Otros asuntos por esclarecer
Los indultos, la amnistía, la financiación singular y las tramas de corrupción no agotan el universo de degradación política en que nos han sumido los gobiernos de Sánchez Hay otros asuntos, algunos de gran calado y otros que podríamos considerar menores, pero unos y otros merecen una explicación del Gobierno que, por supuesto, no vamos a escuchar. En el ámbito de la política internacional seguimos sin conocer por qué Sánchez cambió una política de Estado acorde con las resoluciones de la ONU y decidió enviar una carta al Rey de Marruecos donde reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, contraviniendo las resoluciones de la ONU. ¿No les resulta llamativo el silencio de sus socios de gobierno y socios parlamentarios sobre este asunto? Cuándo los países occidentales enarbolan la bandera de la integridad territorial para condenar la violación de las fronteras, ¿por qué no condenan a Marruecos y adoptan sanciones contra este socio preferente de la UE?
Igualmente llamativo resulta el silencio sepulcral de la ‘izquierda’ oficial sobre las continuas idas y venidas del expresidente Rodríguez Zapatero a Venezuela o las mordidas fraudulentas cobradas por Morodo, su embajador en Caracas. Tanto trajín despide un tufillo altamente sospechoso e insalubre. Claro que para tufo intoxicante la visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la noche del 19 al 20 de enero de 2020, donde la ilustre huésped que tenía prohibida su entrada en la UE, fue recibida por Ábalos, entonces ministro de Transportes, acompañado, cómo no, por su inseparable asesor Koldo García. El asunto podría tener un gran recorrido si como confesó Koldo sobre eso no puedo hablar ni muerto. No estaría de más que algún fiscal se interesara por el asunto antes de su deceso, porque los ciudadanos queremos conocer con exactitud qué pasó aquella noche en el aeropuerto de Madrid y cuál fue el destino de las maletas que la vicepresidenta del dictador Maduro trajo desde Venezuela.
Entre los asuntos menores quisiera comentar una noticia que ha aparecido en algunos medios de comunicación: la estancia del hermano del presidente y su familia en el complejo de la Moncloa, convertido en una suerte de hostería gratuita de alto standing. Entre octubre de 1990 y febrero de 1993 fui Vocal Asesor en el Departamento de Economía de la Presidencia del Gobierno y para aparcar mi vehículo en el aparcamiento y acceder a mi despacho, situado en el edificio Semillas, era indispensable disponer de la autorización preceptiva y mostrar mis credenciales. Menciono esta circunstancia para subrayar que la única vía eludir los controles de seguridad era utilizar un automóvil y un conductor oficial cuyos desplazamientos se comunicaban con antelación a seguridad. Así ocurrió en algunas ocasiones en que acompañé al vicepresidente Serra a algún acto oficial en su automóvil.
De ahí la pertinencia de preguntar cómo es posible que la autocaravana de un ciudadano particular haya estado aparcada en el recinto del palacio de la Moncloa durante un período de tiempo prolongado, cómo entraban y salían del recinto el hermano del presidente Sánchez y su familia y cuánto tiempo estuvieron alojados a cargo de los contribuyentes. Este asunto nada tiene que ver con la intimidad del presidente, invocada por la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Transparencia de Moncloa para no responder a estas preguntas, y sí mucho con el abuso de poder y la malversación de fondos públicos habitual en los regímenes autocráticos, dictaduras y monarquías absolutas. El Estado soy yo y mi familia.
