El Tribunal Supremo ha decidido imputar formalmente al exministro socialista José Luis Ábalos por su presunta implicación en la trama de corrupción vinculada a la contratación pública durante la pandemia, en la que también figuran como investigados Koldo García Izaguirre, su antiguo asesor, y el empresario Víctor de Aldama.
El instructor del caso, Leopoldo Puente Segura, detalla en el auto que existen indicios sólidos de que Ábalos habría utilizado su posición como ministro de Transportes para favorecer a empresas afines a cambio de pagos en metálico, regalos y beneficios económicos, canalizados a través de sus colaboradores más próximos.
Posibles beneficios personales
Según la investigación, el exministro habría participado en un acuerdo de reparto de comisiones ilegales derivadas de contratos con empresas públicas como ADIF y Puertos del Estado, incluyendo la adjudicación de 13 millones de mascarillas durante el estado de alarma. El informe también apunta a posibles beneficios personales como el uso gratuito de viviendas, alquileres pagados por terceros y la contratación irregular de su pareja en empresas públicas.
El documento judicial menciona además supuestas gestiones para favorecer intereses privados en el rescate de Air Europa, el aplazamiento de deudas fiscales y el uso de certificados falsos de movilidad durante el confinamiento. Todo ello, según el Supremo, conformaría una red de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias que se habría mantenido activa entre 2018 y 2021.
El exministro, que sigue en libertad provisional y con prohibición de abandonar el país, se ha acogido a su derecho a no declarar. El auto indica que el caso se tramitará por procedimiento abreviado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, paso previo a una eventual apertura de juicio oral.
