Por mucho que se esfuerce en disimular su situación procesal, acomodándose junto a Castro Rey, la abogada del Estado a la que ha encomendado su defensa, y a Sánchez Conde, la servicial teniente fiscal del Tribunal Supremo que asimismo lo exonera de toda culpa, y por mucho que haya hecho valer su condición de fiscal general para envolverse en la toga de holgados manguitos, donde se alojan inertes los cadáveres virtuales de los mensajes enviados desde su correo electrónico y las llamadas realizadas desde su móvil oficial, borrados unos y otras a conciencia por algún otro leal servidor público, la realidad procesal es que García Ortiz está sentado en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de haber utilizado su posición al frente de la fiscalía general del Estado para obtener y revelar información sobre un contribuyente, presuntamente defraudador, uno entre tantos otros miles de ciudadanos a los que la Agencia Tributaria persigue cada año, unas veces con razón y otras sin ella.
En tan memorable circunstancia, Bolaños, sacristán mayor del Reino, ha vuelto a salir una vez más del panteón de la Moncloa portando la pesada cruz de la progresía para reiterar el rotundo respaldo del Gobierno a García Ortiz en este trance, inquisitorial e invasivo como nos remiten los medios de comunicación afines al Gobierno, al que está siendo sometido el inocente cordero pascual. La más piadosa de las mujeres, encargada de esclarecernos el cargado panorama judicial cada martes tras el Consejo de ministros, ha ido un poco más lejos todavía. Hace unos meses advirtió que “hay jueces que están haciendo cosas difíciles de entender” y sobre la investigación al fiscal general se atrevió a afirmar que “no hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general del Estado como filtrador de nada”. Pues ya está.
Y yo, duro de mollera, sin acercarme todavía a la puerta de la Fiscalía General del Estado, como reclamaba el presidente Sánchez, a pedirle perdón a García Ortiz por haberme sumado a quienes han pedido su dimisión sin disponer “de ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave” sobre el papel de García Ortiz en la filtración de datos del contribuyente González Amador.
Hechos probados
Diga lo que diga el Gobierno, hay varios hechos sobre este caso ciertos e incontrovertibles. En primer lugar, García Ortiz ordenó personalmente que se le hiciera llegar la documentación sobre la propuesta de acuerdo intercambiada por el Sr. Neira, representante legal del Sr. González Amador, con Julián Salto, fiscal de delitos económicos de Madrid, para saldar la deuda por el presunto fraude fiscal cometido por González Amador. Son hechos probados que siguiendo las instrucciones del fiscal general, Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, y algo más tarde Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, llamaron a Salto para pedirle que les remitiera los correos electrónicos intercambiados con Neira.
Salto volvió a recibir una segunda llamada de Rodríguez urgiéndole a abandonar el partido de fútbol que estaba presenciando para enviárselos “porque el fiscal general no puede esperar”. Por otra parte, Lastra ha reiterado en el juicio contra García Ortiz que se quedó pasmada por la urgencia del fiscal general y que al día siguiente le espetó, antes de darle los buenos días, “¡has filtrado los correos!”, y García Ortiz le respondió “Eso ahora no importa”. A mí sí que me importaba, añadió Lastra algo ofendida.
En segundo lugar, queda atestiguado que Lastra recibió orden directa de García Ortiz de difundir la nota aclaratoria elaborada con intervención directa del propio fiscal general, como ha testificado la Sra. Hedo, directora de comunicación del Ministerio Fiscal, en la que se publicitaba información confidencial sobre el contribuyente González Amador. Conviene subrayar que la fiscal Lastra “se negó a difundir el documento al ser incompatible con el deber de confidencialidad, pero [que] cumplió el artículo 25 del Estatuto Fiscal” y acabó dándole salida tal como le exigía su superior jerárquico.
Asimismo, hay que destacar que, el hecho de que algunos medios de comunicación dispusieran de esa información antes de publicitarla el Ministerio Fiscal, no justifica que García Ortiz ordenara publicarla puesto que su obligación como fiscal general es “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley”. (Subrayado mío.) Resulta evidente que García Ortiz incumplió su obligación de defender los derechos de al menos un ciudadano.
En tercer lugar, García Ortiz ha reconocido haberse ocupado personalmente, con la diligencia inherente a la responsabilidad del alto cargo que ostenta, de borrar todos los mensajes y las llamadas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 que podían incriminarlo, tan pronto tuvo noticia de que el Tribunal Supremo lo estaba investigando. Al igual que cualquier delincuente preocupado por escapar a la justicia, el fiscal general borró en sus dispositivo las huellas que podían incriminarlo, contraviniendo su obligación de “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad”. ¡Con lo sencillo que habría resultado facilitar el acceso a su correo electrónico y teléfonos móviles para disipar cualquier sombra de sospecha!
En su defensa, García Ortiz arguyó que el borrado respondía a un procedimiento protocolario de la fiscalía, pero la Sra. Rastillo, destinada a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, declaró ante el tribunal que lo está juzgando que no existe un protocolo de borrado de terminales en la Fiscalía porque “cada persona es responsable individual del manejo del móvil asignado”, y “no hay ninguna normativa común de aplicación en relación al tipo de dispositivos móviles o telefónicos que deben usarse por parte de los miembros de la Carrera”. Los borrados de mensajes y los varios cambios de móviles de García Ortiz solo cabe achacarlos a su intención de dificultar la aclaración de los hechos que se juzgan y resultaría relevante conocer si García Ortiz recibió ayuda técnica para realizar el borrado de mensajes y llamadas.
Operativo de Moncloa contra Ayuso
Con independencia de lo que el tribunal acabe estimando como probado y la sentencia que pueda emitir cuando concluya la vista, me gustaría subrayar la turbia trama política urdida desde Moncloa. Uno de los primeros testigos en comparecer ha sido Lobato, secretario general del PSOE quien cayó fulminado por el rayo del Júpiter vengador tras acudir al notario para dejar constancia de lo sucedido.
En la mañana del 14 de marzo de 2024, Lobato recibió la imagen del correo remitido a la fiscalía por el representante de González Amador con la indicación de utilizarlo en la Asamblea de la Comunidad de Madrid contra la presidenta Ayuso esa misma mañana. El correo se lo remitió Sánchez Acera a las 8:29 de la mañana, a la sazón directora del gabinete de Presidencia del Gobierno, a cuyo frente se encontraba entonces el actual ministro Óscar López, ahora también candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid.
Durante su paso como testigo por el estrado, Lobato reconoció el carácter político de la operación dirigida contra Ayuso desde Moncloa y Ferraz. Preguntado al respecto, Lobato, reconoció haber recibido a las 8:43 de la mañana, antes de iniciarse la sesión de control en la Asamblea de Madrid, una llamada de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y actualmente en prisión preventiva por ser presuntamente miembro de una organización criminal, en la que le adelantaba que “el presidente [Pedro Sánchez] va a pedir a Feijóo [en el Congreso] que pida a la presidenta Ayuso que dimita”, y que él y su grupo debían hacer lo propio en la Asamblea madrileña. Lobato aclaró no haber pedido la dimisión de Ayuso ese día, pero sí al día siguiente “porque el objeto político era Madrid”
Salvar al confiable y dependiente fisgón
La estrategia coordinada seguida por la abogada del Estado elegida para defender a García Ortiz y la fiscal designada por el propio García Ortiz para intentar exculparle quedó expuesta con transparencia en la primera sesión del juicio oral: ambas cuestionan la instrucción del juicio, pese a que la instrucción del juez Hurtado fue respaldada por el Tribunal Supremo y ratificada por la Sala de lo Penal al abrir juicio oral al encausado, y siguen la línea marcada por el propio García Ortiz durante la instrucción: se han vulnerado sus derechos fundamentales.
En el fondo, da la impresión de que los valedores del fiscal general dan por sentado que los apabullantes indicios de quiebra de la legalidad por parte de quien más obligado está a cumplirla con escrupulosidad, así como los sospechosos movimientos del fiscal general la noche del 13 al 14 de marzo, podrían acabar en una condena y le tocará a Conde Pumpido evaluar si, como sostienen la abogada del Estado y el fiscal del caso se vulneraron derechos fundamentales. Claro que para vulneración de derechos fundamentales, ahí tienen la nota dictada por el propio García Ortiz y publicada pese a las resistencias de sus subordinadas.
