La vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y la respuesta de las administraciones públicassigue siendo claramente insuficiente. Así lo demuestran las decisiones erróneas adoptadas en los últimos años. Hace unos días, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tuvo la ocurrencia de enviar una carta a varios líderes de la Unión Europea solicitando medidas urgentes en materia de vivienda. Con todo respeto, haría mejor en escribir menos misivas y centrarse en resolver los problemas de su competencia municipal.
En 2018, el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau como alcaldesa, aprobó una medida que se presentó como la gran solución a todos los problemas: reservar un 30% de vivienda social en las nuevas promociones residenciales y en las grandes rehabilitaciones. Sin embargo, el tiempo ha demostrado su fracaso rotundo. Tras siete años de aplicación, el balance es desolador: solo se han generado 31 viviendas bajo este sistema. Ante este resultado, solo caben dos opciones: mantener una norma ineficaz o rectificarla. El actual gobierno socialista, lamentablemente, ni sabe ni quiere rectificar.
Desde sectores como Foment del Treball o la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) se ha lamentado la falta de entendimiento político para abordar este problema. El Partido Popular, con Daniel Sirera al frente, ha sido quien propuso modificar la norma en el último pleno de octubre. Lamentablemente, una vez más, la respuesta del gobierno municipal ha sido negativa. La propuesta del PP pone de manifiesto que esta regulación desincentiva la inversión privada y, lejos de aliviar el problema, lo agrava.
Lo positivo del trabajo de Sirera y su equipo es que su critica se basa en datos concretos y se acompaña de alternativas realistas
Lo positivo del trabajo de Sirera y su equipo es que su crítica se basa en datos concretos y se acompaña de alternativas realistas. Entre ellas, destacan la eliminación de trabas burocráticas —como la agilización de licencias de construcción, que en algunos casos han tardado hasta 1.000 días en concederse— y la reclasificación de terrenos destinados a equipamientos para permitir la construcción de vivienda asequible y social.
Además, ponen sobre la mesa un aspecto clave: la colaboración público-privada. El sector privado no es el problema; al contrario, forma parte de la solución. Sin embargo, ante propuestas sensatas y eficaces, los que presumen de ser progresistas han vuelto a decir no.
Los gobiernos no deberían tener miedo de aceptar propuestas de la oposición cuando estas benefician a los ciudadanos. Para ello, es necesario que las políticas públicas se centren en las necesidades reales de las personas, y no en la ideología partidista.
Lo que Barcelona necesita con urgencia es más construcción de vivienda en suelo público y menos trabas al sector privado
Por cierto, en lugar de enviar cartas, el alcalde de la Ciudad Condal podría simplemente llamar a su compañero de partido, el presidente de la Generalitat, y acordar medidas inmediatas en la mesa de emergencia social por pérdida de vivienda, donde ambas administraciones están representadas. Actualmente, más de 700 personas tienen adjudicada una vivienda, pero no la reciben porque no hay disponibilidad. En septiembre de 2018, esa cifra era de 398 personas. La tendencia es preocupante, las soluciones no llegan, y no debemos olvidar que detrás de estos números hay familias que sufren.
En definitiva, lo que Barcelona necesita con urgencia es más construcción de vivienda en suelo público y menos trabas al sector privado, que debe ser un aliado, no un adversario. Además, es imprescindible aplicar una política de tolerancia cero frente a la ocupación ilegal. Actualmente existen 38 inmuebles municipales okupados, muchos de los cuales podrían destinarse de forma inmediata a vivienda social, ofreciendo así una respuesta rápida y eficaz a las familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional.
Dicen, con razón, que rectificar es de sabios. Pero por ahora, los días pasan y quienes gobiernan nuestra ciudad siguen empeñados en mantener lo que no funciona, mientras el problema de la vivienda continúa siendo uno de los más graves para los barceloneses.
