Se mueven los engranajes de poder en Bruselas. El proyecto para el euro digital, impulsado por el Banco Central Europeo, atraviesa su momento más controvertido. Su implementación, «paso clave hacia la modernización de los pagos en la eurozona», levanta serias reticencias ante el sector financiero, analistas y legisladores europeos. Las dudas son claras: el riesgo de vigilancia y pérdida de privacidad y un interrogante que pesa con cada vez más contundencia: ¿aporta realmente algo nuevo?.
Catorce grandes bancos europeos —entre ellos Deutsche Bank, BNP Paribas o ING— han transmitido su oposición al diseño actual. Consideran que la iniciativa reproduce infraestructuras de pago ya existentes, sin ofrecer valor añadido claro para los consumidores.
A esa resistencia del sector se suman más que razonables críticas políticas. El Banco Central Europeo sufrió un fallo en su sistema de pagos Target 2 a finales de febrero, lo que impidió durante gran parte de un día que los bancos pudieran liquidar transacciones entre sí. El problema se agravó porque los técnicos del BCE realizaron un diagnóstico inicial equivocado, lo que retrasó la solución del fallo y provocó demoras para miles de ciudadanos y empresas en toda la eurozona. ¿De verdad puede la institución hacerse cargo del mantenimiento par ala infraestructura de su propia divisa sigital?
El dinero digital:
— Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna (@PerezRoldanJM) November 10, 2025
➡️Hace que desaparezca tu PRIVACIDAD (conocen tus movimientos)
➡️Permite que acuerden tu CANCELACIÓN (si te bloquean las cuentas no podrás vivir)
➡️Te EMPOBRECE (a base de comisiones)
🔄RT pic.twitter.com/6oAxEfH9xh
El debate más sensible, sin duda, gira en torno a la privacidad. El BCE asegura que el euro digital incluirá “altos estándares de protección de datos” y opciones para pagos fuera de línea que preservarían el anonimato pero ni el Comité Europeo de Protección de Datos ni los centros de estudio privados lo suscriben. En su revisión del proyecto, el grupo de expertos OMFIF subrayó que el sistema “solo ganará legitimidad pública si garantiza niveles de privacidad comparables al efectivo”, algo que se escapa al escrutinio del ciudadano.
Entre los ciudadanos, la idea genera escaso entusiasmo: los europeos no perciben beneficios tangibles respecto a los métodos de pago actuales, y se asocia la propuesta con el fin progresivo del dinero físico.
