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El Gobierno relega a 2031 las obras en zona cero de la Dana

El Ejecutivo licita ahora la redacción de diez proyectos antirriadas, tres años de estudio por delante, mientras la comisión del Congreso interroga a Mazón.

El Gobierno relega a 2031 las obras en zona cero de la Dana
El Gobierno relega a 2031 las obras en zona cero de la Dana

El Gobierno relega a 2031 las obras en zona cero de la Dana — Solo licita estudios de 3,8 millones y aplaza las obras reales.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a licitación la redacción de diez proyectos para reducir el riesgo de inundación en la demarcación del Júcar, incluida la Rambla del Poyo, epicentro de la Dana de finales de octubre de 2024 en l’Horta Sud, por un importe total de 3,8 millones de euros y un plazo de 36 meses. La contratación figura en la nota oficial del Ministerio. (Ministerio de Transición Ecológica)

El expediente se divide en dos grandes lotes. El primero, dotado con 2.137.607 euros, se dedica en exclusiva a la Rambla del Poyo e incluye zonas de almacenamiento controlado en cabecera, adecuación del cauce, áreas de retención y el desvío parcial de caudales hacia el nuevo cauce del Turia. El segundo, con 1,7 millones, afecta al río Magro, a varios barrancos de l’Horta y al entorno de l’Albufera, con actuaciones combinadas de restauración ambiental, medidas estructurales y acciones de sensibilización, según detalla el propio Ministerio en la misma licitación.

En la práctica, el Estado vuelve a arrancar el expediente desde la fase de estudios y asume tres años más de papeles antes de poder licitar las obras. Con los plazos habituales de contratación y ejecución —que, en el diseño anterior, se acercaban a los tres años de trabajos, según recopila el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación del Júcar—, la solución estructural completa se desplaza, como mínimo, hacia el horizonte de 2031.

La Dana del 29 de octubre de 2024 dejó inundaciones graves en municipios de l’Horta Sud como Paiporta, Picanya, Sedaví o Catarroja, con avenidas extremas en la Rambla del Poyo. Un informe técnico de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, elaborado con datos oficiales, describe el episodio como una combinación de precipitaciones excepcionales, ocupación intensiva del territorio y fallos en los sistemas de prevención y alerta, y cifra los daños en activos por encima de los 17.000 millones de euros. El documento puede consultarse íntegro en la web de la patronal: “Rehacer, transformar. Tras la DANA: Propuestas para el Futuro”.

Distintos balances públicos sitúan en algo más de 220 las víctimas mortales asociadas al episodio en la Comunitat Valenciana, con ligeras variaciones según la fuente y el ámbito geográfico considerado, por lo que la cifra exacta sigue siendo un dato no confirmado.

Mientras se hacía pública la licitación, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecía en la comisión de investigación de la Dana en el Congreso de los Diputados. En esa sesión, según la señal institucional de la Cámara recogida en la retransmisión oficial de la comisión, defendió su gestión y sostuvo que «nadie sabía que la gente se estaba ahogando» durante la tarde del 29 de octubre, insistiendo en que no tuvo información suficiente para actuar de otra manera.

Desarrollo y contexto

El proyecto para ordenar la Rambla del Poyo no es nuevo. En 2007, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, anunció una inversión prevista de 110 millones de euros para la adecuación ambiental y drenaje de la cuenca, con el objetivo de reducir el riesgo de inundación en la vertiente hacia la Albufera. Esa planificación se detalla en una nota de la Confederación disponible en su sala de prensa: “El Ministerio de Medio Ambiente prevé una inversión de 110 millones de euros para la adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo”. (CHJ)

La crisis económica primero y la falta de consignación presupuestaria después fueron aplazando aquellas obras. Además, la aplicación de la Ley de l’Horta y su posterior revisión han ido condicionando el diseño de los desvíos y las zonas de laminación, como recogen el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y la documentación autonómica de ordenación territorial. (CHJ)

En paralelo, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha ido ejecutando actuaciones de emergencia y planes anuales de inversión en cauces, recogidos en su Plan de actuación 2024. Sin embargo, los propios documentos técnicos del organismo y del Ministerio subrayan que la capacidad actual del Poyo y de la Saleta sigue siendo insuficiente ante una nueva Dana similar, y que es necesario completar el paquete de obras estructurales previsto en el plan de recuperación y mejora de la resiliencia tras la DANA en la Comunitat Valenciana. (CHJ)

El contraste es claro: los vecinos de la zona cero siguen expuestos, mientras el Gobierno central abre ahora un nuevo ciclo de tres años de estudios, evaluaciones ambientales y trámites administrativos antes de mover una sola excavadora.

Desde la perspectiva técnica, los documentos de planificación ponen el foco en soluciones combinadas: restauración de llanuras de inundación, reforestación en cabecera, nuevas áreas de laminación y desvíos y refuerzo de infraestructuras críticas como la V-31 o la red ferroviaria de FGV. Pero la licitación ahora aprobada se limita a diseñar y priorizar esas intervenciones, sin fijar aún calendario ni financiación concreta para la fase de obra. (Cev)

Los ayuntamientos de l’Horta Sud y distintas asociaciones vecinales, apoyándose en estos informes, reclaman desde hace meses compatibilizar las grandes actuaciones con medidas provisionales: mejoras en drenajes urbanos, planes de evacuación más ágiles y una red de medición de caudales más densa en barrancos secundarios. (Cev)

La licitación de los diez proyectos supone un giro administrativo relevante para un expediente que llevaba años encallado y devuelve al primer plano la reforma integral de la Rambla del Poyo y del resto de puntos negros de la cuenca. Falta, sin embargo, casi todo lo esencial: la evaluación ambiental definitiva, la inclusión de las grandes obras en los Presupuestos del Estado y un compromiso político claro sobre los plazos de ejecución.

Mientras tanto, la zona cero de la Dana sigue dependiendo de medidas parciales y de la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia frente a episodios cada vez más frecuentes de lluvia extrema. Quedan por aclarar cuestiones clave: qué parte del coste final asumirán las distintas administraciones, qué tramos se priorizarán en primer lugar y, sobre todo, cuándo dejarán de depender la seguridad y el patrimonio de miles de vecinos de l’Horta Sud de la combinación de la suerte y de la burocracia.

María Riera
María Riera
Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM.

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