Las grandes compañías eléctricas españolas han elevado el tono contra Redeia -matriz de Red Eléctrica de España- acusándola directamente de mantener oculta información técnica esencial para determinar las causas exactas del apagón masivo que el 28 de abril de 2025 dejó sin luz a toda la Península Ibérica durante más de nueve horas.
De acuerdo con las informaciones publicadas, Red Eléctrica no ha entregado aún a las empresas afectadas ni a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinados registros críticos: los logs completos de los sistemas SCADA, los históricos detallados de frecuencia y tensión en los nodos clave, ni los intercambios de datos con el operador portugués REN en los minutos previos al colapso en cascada. Estos documentos, aseguran, son imprescindibles para reconstruir con precisión la secuencia de eventos que se consumó en el apagón.
Desde Red Eléctrica insisten en que el origen del incidente fue una “desconexión imprevista” de gran cantidad de generación renovable en el sur peninsular combinada con “irregularidades” en la actuación de algunas distribuidoras, extremo que las eléctricas rechazan de plano.
La polémica llega ocho meses después del suceso y cuando la CNMC aún no ha cerrado su informe definitivo. El retraso y las acusaciones cruzadas han avivado la desconfianza ciudadana y empresarial hacia la gestión del sistema eléctrico.
La opinión pública mayoritaria, especialmente en redes, percibe esta falta de transparencia como un intento de eludir responsabilidades por parte de un operador cuyo máximo accionista es el Estado (SEPI posee el 20 %) y cuyo consejo de administración está estrechamente vinculado al Gobierno. Predomina el sentimiento de que, una vez más, los ciudadanos quedarán sin conocer toda la verdad sobre un incidente que causó pérdidas económicas estimadas en más de 4.000 millones de euros y puso en riesgo vidas humanas.
