Barcelona suma otro episodio de parálisis política en modo ciudad cara. El pleno municipal ha rechazado el presupuesto de 2026 del gobierno en minoría de Jaume Collboni (PSC), que solo ha obtenido el apoyo de ERC. La abstención de Barcelona en Comú y el voto en contra de Junts, PP y Vox han dejado las cuentas en 15 votos a favor, 9 abstenciones y 17 en contra, y el alcalde ya ha anunciado que activará otra cuestión de confianza para sacarlas adelante sin mayoría ordinaria.
En clave económica, @BarcelonaOberta, lobby del comercio urbano, ha recordado que el Passeig de Gràcia es ya la calle comercial con los alquileres más caros de España, con 3.420 €/m² al año y una subida cercana al 8 %, advirtiendo del riesgo de expulsar al comercio local.
No es un accidente puntual: es el tercer fiasco presupuestario del mandato. En 2024 Collboni ya recurrió a la cuestión de confianza; en 2025 gobernó con el presupuesto prorrogado; y ahora, en 2026, repite jugada: si la oposición no articula una alternativa con candidato, las cuentas quedarán aprobadas de manera automática. Legal, sí; políticamente, un síntoma de debilidad crónica.
Las cifras son récord: un presupuesto de 4.180 millones de euros, el mayor de la historia de Barcelona, con cerca de 860 millones en inversiones y un aumento de alrededor del 8,4 % respecto a 2025. Se vende como “presupuesto social” que refuerza vivienda, seguridad y servicios sin subir impuestos municipales a familias ni pymes, pero llega al pleno sin aliados estables. Los comunes optan por la abstención letal: no tumban al alcalde, pero lo dejan sin mayoría política real.
En paralelo, la economía real deja claro quién puede quedarse en la ciudad. El Passeig de Gràcia vuelve a situarse como la calle comercial más cara de España, con alquileres de 3.420 €/m² al año (unos 285 €/m² al mes) y una subida del 8 % interanual, y escala hasta el puesto 16 del mundo en el ranking de arterias comerciales. Solo las grandes marcas internacionales pueden pagar el centro; el comercio de proximidad se relega a segundas líneas o desaparece.
El problema no es solo que Barcelona gobierne a golpe de cuestión de confianza, sino que mantiene un modelo de impuestos altos, regulación densa y discurso progresista que convive con precios de lujo. La alternativa pasa por rebajar selectivamente impuestos locales, simplificar licencias para comercios y restauración y liberalizar vivienda y suelo para ampliar oferta y abaratar el coste de vivir y emprender en la ciudad. Hoy Barcelona presume de “ciudad progresista”, pero cada vez más solo las multinacionales y las rentas altas pueden pagarla.
Las redes han reflejado el enfado con el bloqueo político y el modelo de ciudad:
En clave política, @PPBarcelona_, cuenta del Partido Popular en la ciudad, presenta la derrota del presupuesto como la prueba de un gobierno en minoría sin rumbo y contrapone lo que llama “buen municipalismo” del PP con un modelo de ciudad del sanchismo que, a su juicio, derrumba los pilares de la convivencia en Barcelona.
Desde el ámbito empresarial, @BarcelonaOberta, plataforma de comerciantes de ejes urbanos, subraya que el Passeig de Gràcia es la calle comercial con los alquileres más caros de España, con 3.420 €/m² al año y un incremento del 8 %, alertando de que este nivel de precios deja fuera al comercio local y consolida un centro reservado a grandes marcas y rentas altas.
Barcelona encadena presupuestos que solo salen adelante por vías excepcionales y precios propios de un parque temático de lujo. El Ayuntamiento exhibe récord de gasto y retórica social, pero la ciudad real se encuentra con alquileres prohibitivos, trámites eternos y una sensación creciente de estancamiento.
Lo que Barcelona necesita no son más efectos especiales en los presupuestos, sino reformas de fondo: impuestos locales más bajos, menos trámites y un mercado de vivienda y locales realmente abierto. Solo así la capital catalana dejará de ser un escaparate caro y volverá a ser una ciudad donde una familia de clase media pueda algo más que pasear por el Passeig de Gràcia.
