Salvador Illa ha anunciado este viernes la firma del primer convenio entre una comunidad autónoma y el Ministerio de Derechos Sociales para monitorizar y combatir los discursos de odio en redes sociales. Lo que el Govern presenta como un “paso histórico” para proteger a las víctimas ha desatado una oleada de rechazo masivo en la misma plataforma que pretende vigilar.
Les xarxes socials no poden ser un lloc sense llei, sense drets i sense responsabilitats.
— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) November 28, 2025
Avui Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que diu prou als discursos d’odi en línia. pic.twitter.com/1N7tBf6gZ8
La publicación de Illa acumula miles de visualizaciones y decenas de respuestas, la inmensa mayoría críticas y en tono muy duro. El sentimiento dominante entre los usuarios es que el acuerdo no busca proteger, sino controlar y censurar. La pregunta que más se repite es quién decidirá qué contenido es “odio” y cuál mera discrepancia política o ideológica. ¿Quién es el árbitro?
Li dieu protegir, quan en realitat voleu dir censurar.
— Carme (@Carme_emrac) November 28, 2025
Odi és opinar encara que no agradi?
— Carrasqlet //*// Sempre per la Terra. (@DavidRa53695927) November 28, 2025
I qui ho decidirà el què és odi o no? El psoe gal?
— Marc Puigvert (@MarcPuigvert) November 28, 2025
Los usuarios acusan al Ejecutivo de querer convertirse en árbitros únicos de la verdad, también en el terreno digital, temiendo que el mecanismo se utilice para silenciar críticas, a la gestión migratoria o a las políticas de género. La expresión “Ministerio de la Verdad” se ha convertido en tendencia espontánea bajo el tuit.
El ambiente en la red refleja una desconfianza profunda hacia cualquier medida que implique intervención pública en internet, especialmente cuando los firmantes son el PSC y el ministerio liderado por el PSOE.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Generalitat ni el Ministerio han aclarado quién definirá exactamente los límites del “discurso de odio” ni qué organismos independientes supervisarán el proceso, detalles que alimentan aún más la polémica.
