El anuncio provisional de un aumento del 2,7% en las pensiones contributivas para 2026, que beneficiará a más de 9 millones de jubilados con un incremento medio de unos 572 euros anuales, ha sido recibido con críticas, centradas en una «desigualdad estructural»: la creciente brecha entre generaciones, donde los pensionistas ven mejoradas sus rentas mientras los trabajadores jóvenes enfrentan estancamiento salarial y precariedad.
Excelentes noticias para los jóvenes. Os seguirán esquilmando a impuestos para que vuestros abuelos les dejen una mayor herencia. Esto es invertir en el futuro.
— MiguelAEB 🇻🇪 🇪🇦 🇨🇿 🇪🇺 (@mestradab1) November 28, 2025
Las pensiones subirán un 2,7% en 2026: los jubilados cobrarán 630 euros más el próximo añohttps://t.co/0smmiif3nW
Que los sociatas sigan exprimiendo a los jóvenes pa mantener el nefasto sistema de pensiones, a ver a quien le apetece currar por el SMI pa pagarle pensiones máximas y alquileres desproporcionados a los abuelos del país
— Pomsi le Band (@pomsileband) November 28, 2025
El sentir general entre los voces críticas, reflejado en redes, apunta a que esta revalorización, aunque necesaria para combatir la erosión inflacionaria, agrava un desequilibrio demográfico y económico. El sistema de pensiones, financiado mayoritariamente por cotizaciones de activos laborales, transfiere recursos de una generación productiva –cada vez más presionada por impuestos y contribuciones– hacia los jubilados, cuyo número crece exponencialmente por el envejecimiento poblacional. En este contexto, el gasto adicional estimado en miles de millones de euros para 2026 se percibe no como un triunfo social, sino como un parche que ignora la vulnerabilidad de los jóvenes, cuya renta media ya se sitúa por debajo de la de los pensionistas por primera vez en la historia reciente.
Esta percepción de injusticia generacional no es nueva, pero el anuncio ha intensificado el malestar. Mientras las pensiones mínimas subirán un 9% para reducir la pobreza entre mayores, los salarios medios de los jóvenes apenas crecen un 1-2% anual, agravado por el acceso limitado a la vivienda y la temporalidad laboral.
Los pensionistas defienden legitimamente la medida como un derecho adquirido, pero reconocen la necesidad de dialogar para evitar fracturas sociales.El debate en línea revela un consenso implícito: la viabilidad del sistema pasa por equilibrar cargas intergeneracionales.
