El Gobierno del Reino Unido ha puesto sobre la mesa un debate que llevaba años gestándose en silencio: el país podría dirigirse hacia una crisis fiscal provocada por el incremento masivo de diagnósticos de TDAH, autismo y problemas de salud mental. El secretario de Salud, Wes Streeting, ha ordenado una revisión independiente que examine a fondo este fenómeno ante la alarma creciente dentro de Whitehall.
Según fuentes gubernamentales citadas por Daily Mail, millones de personas están entrando en el sistema de bienestar por condiciones que algunos ministros describen en privado como «estrés medicalizado de la vida normal«. El dato que más preocupa es que 1,3 millones de personas solicitan prestaciones por discapacidad principalmente por motivos de salud mental o de conducta, lo que representa el 44% de todos los solicitantes. Además, más de la mitad del aumento de las ayudas por discapacidad desde la pandemia procede de casos vinculados a salud mental.
Listas de espera al alza y gasto disparado
Las listas de espera para evaluaciones de autismo se han multiplicado por trece respecto a 2019, lo que apunta a un crecimiento sin precedentes en la demanda de diagnósticos. El Tesoro británico teme que este proceso sea fiscalmente insostenible. El gasto en bienestar podría pasar de 333.000 millones a 406.000 millones de libras en solo cinco años, una tendencia que, según los analistas, evidencia que el Estado no puede absorber indefinidamente categorías de discapacidad en constante expansión.
Streeting sostiene que la revisión no busca recortes arbitrarios, sino claridad clínica: «Debemos analizar esto desde una perspectiva estrictamente médica… los diagnósticos están aumentando drásticamente».
El argumento del ministro es simple: si la mitad del país termina calificando para recibir ayudas por discapacidad, nadie acabará recibiendo el tratamiento adecuado y el sistema colapsará.
Incluso el ex primer ministro Tony Blair alertó este año del riesgo de medicalizar en exceso las dificultades cotidianas, una advertencia que ha generado rechazo entre organizaciones de salud mental, pero que resuena dentro de Downing Street.
Choque con las organizaciones de salud mental
La revisión ha provocado tensión inmediata con entidades sociales y profesionales del sector. La organización Mind la ha calificado de «oportunidad enorme», aunque advirtió contra el riesgo de convertir a las personas vulnerables en chivos expiatorios.
Por su parte, el Centro de Salud Mental calificó la narrativa del «sobrediagnóstico» como «tóxica» y subrayó que el aumento refleja una angustia real impulsada por factores como las redes sociales, el coste de la vida y el agotamiento escolar. Su postura es rotunda: la crisis es real y el Estado debe invertir más, no menos.
Streeting, sin embargo, sostiene que invertir sin disciplina solo expande la demanda y no resuelve el problema estructural.
El giro silencioso del Partido Laborista
El Partido Laborista retiró discretamente hace unos meses sus planes para restringir el acceso a las prestaciones por discapacidad después de una fuerte oposición interna.
Aun así, Keir Starmer se mueve ahora con cautela hacia la reforma, argumentando que el sistema actual mantiene a muchas personas «sin trabajo y en la pobreza». El reciente Presupuesto de la ministra de Economía, Rachel Reeves, añade 16.000 millones de libras anuales en gasto social, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno para explicar qué está impulsando realmente la demanda.
La revisión independiente coloca al Ejecutivo en una encrucijada:
- Si concluye que hay sobrediagnóstico, el Gobierno tendrá que enfrentarse a activistas, parte del NHS y sectores del propio partido.
- Si concluye que no lo hay, deberá justificar por qué el gasto crece de forma explosiva y qué medidas piensa adoptar.
Sea cual sea el resultado, Gran Bretaña entra en una discusión delicada y profunda: qué significa hoy estar enfermo, a quién debe proteger el Estado y dónde se sitúa la línea entre sufrimiento real y un sistema de bienestar sobrecargado por la vida moderna. El Reino Unido se encamina, en definitiva, hacia un ajuste de cuentas entre salud, política y sostenibilidad fiscal.
