El Parlament de Catalunya aprobó este martes, con 104 votos a favor y 29 en contra, la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el PSC que reconoce a los funcionarios de prisiones de régimen interior como agentes de la autoridad. La iniciativa contó con el respaldo de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, mientras ERC, Comuns y CUP votaron en bloque en contra, y ha desatado una rápida polémica tanto en la cámara como en las redes.
Sobre la aprobación de la consideración de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de prisiones de régimen interior en el Parlament de Catalunya. @PPCatalunya
— AlbertoVG (@avillagrasag) December 3, 2025
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Una gran notícia! Felicitats a tots els funcionaris de presons per aquesta victòria després de mesos de reivindicacions!
— Arnau Borràs (@arnaubor) December 4, 2025
Ni sorprèn ja que ERC, Comuns i CUP es posin del costat dels delinqüents. Entre defensar un treballador o defensar un delinqüent, l'esquerra woke ja sabem… https://t.co/oIEffSnyex
El debate se ampara en dos visiones irreconciliables sobre el sistema penitenciario catalán. Quienes defienden la medida la presentan como un reconocimiento necesario a unos profesionales que sufren agresiones frecuentes y que, hasta ahora, no contaban con la misma protección jurídica que otros cuerpos de seguridad. Este sector subraya que el cambio no altera las funciones de los trabajadores, sino que simplemente equipara su estatus al de otros funcionarios públicos en caso de atentado o resistencia.
⚠️Lleis regressives de la mà dels @socialistes_cat?
— Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) December 3, 2025
Avui s'han sumat a la dreta per elevar la consideració tècnica dels funcionaris de presons a "autoritats"
Amb quins efectes reals❓
El que no volen que se sàpiga, la Xarxa Dret i Presó ho ha explicat avui al @parlamentcat ⤵️ pic.twitter.com/851f5FMkhy
Las críticas se centran en que la reforma rompe con «el modelo civil y rehabilitador» de Catalunya al otorgar a los funcionarios una presunción de veracidad reforzada en procedimientos disciplinarios y juicios rápidos. Los aseguran un riesgo de «desequilibrio de poder» dentro de los centros, mayor dificultad para denunciar posibles malos tratos y un avance hacía una concepción más punitiva de la prisión.
El clima digital refleja esa misma fractura. Entre los sindicatos mayoritarios del sector penitenciario predomina la satisfacción y la sensación de que, por fin, se atiende una reivindicación histórica. En los círculos de izquierda se percibe inquietud y rechazo frontal.
