El socialismo sigue en sus trece a pesar de los datos oficiales. La consellera d’Interior, Núria Parlon (PSC), empezó ayer bien dejando claro en el Parlament que los Mossos d’Esquadra «no detienen a nadie por su origen o la lengua que habla, sino porque es delincuente». El 65,5 % de los detenidos en Cataluña durante 2024 fueron personas de nacionalidad extranjera, según los Mossos.
El dato, que representa un aumento de 13.000 detenciones respecto a 2022, sitúa la proporción de arrestos a extranjeros en casi cuatro veces su peso demográfico -18 % de la población catalana-. En Barcelona ciudad, la cifra alcanza el 80 %. Un tercio de los detenidos extranjeros son de origen magrebí, principalmente argelinos y marroquíes.
Sergio Macián, de Vox, exigió en consecuencia deportaciones masivas de delincuentes reincidentes y acusó al ejecutivo de Salvador Illa de convertir Catalunya en «el paraíso de la delincuencia importada». El PP, por su parte, denunció que la frontera de La Jonquera es «un colador» y reclamó la publicación detallada de estadísticas por nacionalidad.
Parlon replicó que «el sistema funciona y no discrimina» y destacó la bajada global de delitos en los últimos dos años –aunque los graves han subido– gracias al refuerzo de efectivos y operaciones como el plan Kanpai, que ha detenido a 470 multirreincidentes en seis meses. «No hacemos estadística, hacemos seguridad», sentenció, rechazando «estigmatizar colectivos» y acusando a la oposición de «alarmismo interesado».
La reincidencia entre determinados perfiles de inmigración irregular complica la gestión penitenciaria y la aplicación efectiva de órdenes de expulsión, que en muchos casos quedan en papel mojado y no se ejecutan por falta de acuerdos bilaterales o recursos.
Mientras el ejecutivo socialista mantiene que la lucha contra la delincuencia «no tiene ideología ni pasaporte», los datos oficiales evidencian una sobrerrepresentación que ningún partido niega.
