PSOE, PP y Junts han cerrado este jueves un acuerdo en el Congreso de los Diputados para introducir varias enmiendas a la proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia, con el objetivo de endurecer el castigo a los delincuentes que acumulan hurtos y otros delitos leves. El texto ha superado la fase de ponencia con el apoyo también de PNV —y, en algunos momentos, de Vox—, mientras Sumar, Podemos, EH Bildu, BNG y ERC se han posicionado en contra. La intención es llevar la norma al primer pleno de febrero de 2026.
El text de la proposició de llei contra la multireincidència de @JuntsXCat @MartaMadrenas va ser registrat el 28 de març de 2024 al Congrés espanyol. https://t.co/8QubQRB3e3
— Gemma Geis i Carreras 🎗 (@GemmaGeis) December 4, 2025
La iniciativa fue registrada por Junts en 2024, con la idea de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la respuesta penal a los hurtos multirreincidentes no dependa solo del límite de 400 euros que marca hoy la frontera entre falta y delito. El proyecto prevé penas de entre uno y tres años de prisión para determinados hurtos reiterados, especialmente de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, y refuerza el reproche cuando exista continuidad delictiva. En paralelo, se incorpora una modificación del artículo 568 del Código Penal para agravar las penas a quienes transportan combustible destinado a narcolanchas.
El acuerdo llega tras varios meses de tensión entre el Gobierno y Junts por el cumplimiento de los compromisos de investidura. La formación de Carles Puigdemont había señalado de forma explícita la multirreincidencia y la ocupación como dos condiciones clave para mantener la relación con el Ejecutivo. Ahora, el apoyo del PSOE a la ley de Junts, junto al voto favorable del PP y el respaldo de PNV, configura una mayoría amplia en materia de seguridad ciudadana, aunque los populares matizan que no existe un pacto político global con los socialistas, sino coincidencia en determinadas enmiendas.
Desde la óptica de la política pública, el movimiento refleja la creciente preocupación por la delincuencia urbana, el impacto en el comercio de proximidad y la percepción de impunidad cuando los mismos autores encadenan decenas de detenciones por pequeños hurtos. La reforma busca reforzar la protección de la propiedad privada y del espacio público, manteniendo al mismo tiempo criterios de proporcionalidad penal. La clave estará en cómo se aplique en la práctica: recursos policiales y judiciales suficientes, coordinación con las fiscalías y claridad en los criterios para valorar la reiteración delictiva.
La ley para castigar más la multirreincidencia, que Junts presentó hace año y medio en el #Congreso y cuya aprobación es una de las exigencias de los de Puigdemont, ha superado la fase de ponencia con el visto bueno de PP y PSOE https://t.co/O5WjhhaH7S Podemos y Bildu, en contra
— EuropaPress Congreso (@EPcongreso) December 4, 2025
La tramitación de la ley de multirreincidencia muestra que, más allá de los bloques de investidura, existen espacios para mayorías transversales cuando se trata de seguridad ciudadana y respeto a la ley. El entendimiento entre PSOE, PP y Junts no elimina las discrepancias políticas de fondo, pero sí confirma que la agenda de orden público gana peso en el Congreso frente a otras prioridades de la legislatura.
Queda por ver si esta mayoría se consolida en otros ámbitos como la lucha contra la ocupación o la protección del derecho de propiedad, y cómo se equilibra el endurecimiento penal con las garantías propias de un Estado de derecho. En última instancia, el objetivo debería ser compartido: reducir la multirreincidencia, dar seguridad a vecinos y comerciantes y ofrecer un marco estable y previsible para quienes cumplen las normas.
