Se ha desatado un duro enfrentamiento enfrentamiento entre la UE y Elon Musk y EE.UU a cuenta del del control sobre las redes sociales. La guerra viene de lejos. Para los americanos se trata de frenar la pretensión de la UE de limitar la libertad de expresión. Para los europeos que se cumplan los requerimientos de transparencia establecidos por la normativa europea. La batalla ha desbordado el marco empresarial para convertirse en un choque directo, otro más, entre la administración Trump y la Comisión europea en un momento de máxima tensión por la política arancelaria americana o los procesos de paz en Gaza y Ucrania.
El 5 de diciembre de 2025, la Comisión Europea impuso a X (antes Twitter) una multa de 120 millones de euros —unos 140 millones de dólares— por falta de transparencia, según la Comisión Europea, en aplicación del Digital Services Act (DSA). Se trata de la primera gran decisión de no cumplimiento bajo esta normativa para una Very Large Online Platform, categoría en la que X figura desde 2023.
Según la nota oficial de Bruselas, la sanción se basa en tres tipos de incumplimientos: el diseño considerado engañoso del distintivo azul de pago (blue checkmark), la falta de transparencia en el repositorio de publicidad y la negativa a proporcionar acceso a datos públicos para investigadores.
En paralelo al anuncio, la cuenta oficial @EU_Commission publicó en X: «Hoy hemos multado a X por incumplir sus obligaciones de transparencia bajo la DSA; la hacemos responsable del diseño engañoso del distintivo azul, de la falta de transparencia en su archivo de publicidad y de no dar acceso a datos públicos para investigadores».
Minutos después, Elon Musk respondió desde @elonmusk citando a la Comisión con un único comentario: «@EU_Commission, basura / chorradas», una réplica directa que visualiza el choque entre el propietario de X y Bruselas. No sólo eso, Musk ha entrado directamente en la guerra política pidiendo la recuperación de la soberanía de los estados europeos frente a la burocracia de Bruselas.
Qué dice sancionar Bruselas
De los 120 millones de euros, alrededor de 45 millones corresponden al sistema de distintivo azul de pago, que, según la Comisión, puede inducir a error a los usuarios sobre la identidad real de las cuentas verificadas. Otros 35 millones se vinculan a la falta de información clara en el archivo de anuncios, considerado incompleto y poco accesible. Finalmente, unos 40 millones se imponen por la negativa de X a facilitar acceso estructurado a datos públicos a investigadores acreditados.
Bruselas argumenta que estos elementos aumentan el riesgo de estafas a usuarios, dificultan el análisis independiente de riesgos sistémicos (como campañas coordinadas de desinformación) y debilitan el control público sobre la publicidad política. X dispone de plazos de entre 60 y 90 días para presentar y aplicar medidas correctoras en cada uno de los apartados. El DSA permite, en casos graves, sanciones de hasta el 6 % de la facturación global de la compañía.
Contexto: Digital Services Act y cambios en X
El Digital Services Act, aprobado en 2022, establece obligaciones reforzadas para las grandes plataformas en materia de contenidos ilegales, sistemas de recomendación y transparencia en publicidad y datos. Tras la compra de Twitter por Elon Musk en 2022 por unos 44.000 millones de dólares y la transformación en X, la empresa relajó parte de sus políticas de moderación de contenidos, apostando por una interpretación más amplia de la libertad de expresión y por un modelo de verificación basado en el pago mensual.
Desde 2023, la Comisión ha abierto varios procedimientos a X relacionados con desinformación, discurso de odio, migración y publicidad, centrados en la gestión de riesgos y en la claridad de la información que ofrece la plataforma. En este contexto, la multa de diciembre de 2025 cierra la parte relativa a transparencia, mientras siguen abiertas otras investigaciones sobre algoritmos de recomendación y gestión de contenidos. Musk por su parte ya denuncio en 2024 la oferta de la Comisión de frenar las sanciones a cambio de censura como ya ocurrió durante la pandemia tanto en Europa como en EE.UU así como el intento de boicot a X desde los medios convencionales y el entorno gubernamental de diversos países.
Over a year ago… https://t.co/cfIdZn1Uvv
— JD Vance (@JDVance) December 6, 2025
El debate sobre la DSA y sus efectos sobre la libertad de expresión ya se había planteado con otros casos. Un ejemplo es el análisis publicado por El Liberal sobre Telegram y la Ley de Servicios Digitales, donde se abordaba el impacto de esta regulación en aplicaciones de mensajería y canales alternativos de información.
Reacciones en Estados Unidos y brecha transatlántica
En Estados Unidos, varios responsables del Gobierno de Trump, como ya hemos visto, han interpretado la sanción como un gesto contra las empresas tecnológicas estadounidenses. El vicepresidente J. D. Vance escribió en X: «Rumores de una multa masiva contra X no por censurar, sino por negarse a censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura».
Musk por su parte denuncia la oferta de censura a cambio de frenar las sanciones y ha llegado a pedir la disolución de la UE.
The people of Europe should withdraw from the EU to regain their sovereignty https://t.co/QTbkSgePrh
— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025
Desde el ámbito regulador en Estados Unidos, @BrendanCarrFCC, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, critica que “una vez más, Europa multa a una empresa tecnológica estadounidense por ser una empresa tecnológica estadounidense” y sostiene que la UE está utilizando el DSA para imponer de facto su modelo regulatorio sobre el ecosistema digital global.
Con tono más institucional desde Europa, @AdinaRevol, comisaria europea responsable de política digital, insiste en que “X es bienvenida en el mercado europeo, pero debe cumplir las normas de la UE como cualquier empresa europea en Estados Unidos” y subraya que el expediente se centra en obligaciones de transparencia, no en el contenido de las opiniones.
Panorama tras la decisión de Bruselas
La multa de 120 millones de euros a X marca un punto de inflexión en la aplicación del Digital Services Act: por primera vez, la Comisión Europea utiliza este marco para sancionar a una gran plataforma por cómo diseña sus productos y por cómo informa sobre ellos, más que por el contenido concreto que difunden sus usuarios. El mensaje hacia el resto de actores digitales es claro: el cumplimiento de las obligaciones de transparencia ya no es un asunto teórico, sino un terreno con consecuencias económicas directas.
A partir de ahora, el desarrollo del caso se jugará en dos frentes: el jurídico, con el posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, y el político, con una relación entre Bruselas y Washington marcada por modelos distintos de regulación digital y de control de la información. Queda por ver si este precedente se percibirá como una garantía adicional para los usuarios o como un incentivo a la autocensura de las plataformas que operan en Europa.
La pregunta de fondo es si más poder para el regulador hará el espacio digital más seguro… o simplemente más controlado en favor de la ideología dominante en Europa.
