La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera (PSOE), ha informado a España por escrito que Bruselas “no tiene intención de regular los precios” del alquiler ni de la compraventa de vivienda dentro del futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible. La llamada al orden llega tras la polémica generada por sus declaraciones en una comisión del Parlamento Europeo, donde algunos eurodiputados interpretaron que abría la puerta a topes generalizados. Su rectificación es una victoria del Partido Popular Europeo (PPE), que desde hace meses pide que la UE se distancie explícitamente de las políticas de control de rentas que impulsa el Ejecutivo sanchista.
La carta firmada por Ribera y el comisario Dan Jorgensen —ambos miembros de la izquierda socialdemócrata— subraya que la Comisión únicamente contempla condiciones para la vivienda protegida financiada con dinero público, pero no un sistema de intervención de precios en el mercado privado, que ha dejado más que conocidos resultados en el mercado español. Bruselas lo tiene claro. La literatura y experiencia avalan que aumentar la oferta, mejorar la transparencia y frenar distorsiones como el mercado extranjero son las soluciones lógicas.
El PPE presentó previamente un escrito con firmas de eurodiputados españoles y de otros países, advirtiendo de que los controles de rentas han demostrado efectos adversos en ciudades como Berlín, Barcelona o Estocolmo: reducción de oferta, desplazamiento hacia el alquiler de temporada a expats o el mercado de compraventa, y, por supuesto, encarecimiento final de los precios. La respuesta de la Comisión adopta buena parte de ese análisis: una victoria política del conservadurismo europeo.
La posición expresada por Ribera marca una diferencia irreconciliable con la estrategia del Gobierno español, que mantiene su apuesta por las zonas tensionadas, los límites al alquiler y el desarrollo de la empresa pública «Casa 47».
Mientras Sánchez reivindica la Ley de Vivienda como herramienta para «frenar la especulación», Bruselas se distancia de cualquier mecanismo de control generalizado. España se queda sin respaldo europeo en esta medida, aumentando el aislamiento político del Ejecutivo.
