El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves la ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, que regula por primera vez los alquileres de temporada y por habitaciones en zonas de mercado tensionado. La norma, impulsada por el Govern Illa, busca cerrar «el fraude» que permitía a los propietarios eludir los topes de precios establecidos por la Ley estatal de Vivienda de 2023, mediante contratos temporales o por habitaciones que se habían disparado en los últimos años.
Con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP (107 en total), la ley ha superado la oposición de PPC, Vox y Aliança Catalana, mientras que Junts ha apoyado parcialmente algunas medidas, pero se ha posicionado en contra de la regulación de los alquileres temporales, el registro de grandes tenedores y la ampliación de reserva de suelo para vivienda protegida.
Las claves de la nueva regulación son claras: los contratos de alquiler de temporada con finalidad residencial -por estudios, trabajo u otros motivos no turísticos- deberán cumplir los mismos límites de precio que los alquileres habituales, según el índice de referencia. Solo quedan excluidos los arrendamientos con fines vacacionales o recreativos. Además, en el alquiler por habitaciones, la suma de todas las rentas de un mismo piso no podrá superar el tope establecido para la vivienda completa.
La ley también crea un registro de grandes tenedores dependiente de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, una comisión de supervisión de contratos y refuerza el papel de los inspectores como agentes de la autoridad. Otras medidas incluyen la ampliación de supuestos de tanteig i retracte por parte de la Administración y el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida.
Desde la entrada en vigor de los controles de precios en 2024, los contratos de temporada han aumentado un 52% en algunas zonas, según datos oficiales, como vía para evitar la regulación. En Barcelona, esta modalidad ya representa una tercera parte de los nuevos contratos.
Catalunya se convierte en la primera comunidad autónoma en regular estos «agujeros» legales, en un contexto donde la norma estatal pendiente en el Congreso sigue bloqueada.
Existe un amplio consenso entre economistas y estudios empíricos internacionales de que las intervenciones fuertes en el mercado de alquileres, como los topes de precios o controles de rentas, generan efectos negativos a medio y largo plazo, pese a ofrecer alivio temporal a algunos inquilinos actuales. En Cataluña, la experiencia con la regulación introducida en 2024 y ampliada ahora ilustra este patrón: aunque se observan bajadas moderadas en precios de contratos regulados (entre 3-9% en zonas tensionadas, según datos oficiales del Incasòl y la Generalitat), la oferta de alquiler permanente ha caído drásticamente (hasta 20-30% en nuevos contratos en ciudades como Barcelona, L’Hospitalet o Terrassa), aumentando la presión sobre precios reales en portales (subidas del 12-14%).
El sector advierte que cerrar estos «agujeros» profundizará la escasez, desincentivando inversión privada y agravando el acceso a vivienda para nuevos inquilinos, especialmente jóvenes y vulnerables, sin un aumento masivo de oferta. Estudios globales (como en San Francisco o revisiones en CEPR) confirman que tales políticas reducen oferta, movilidad y calidad, beneficiando más a inquilinos existentes -rentas que ya podían acceder al mercado- que a la población general, que es donde reside el problema.
