El anuncio del Gobierno de España sobre la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados de la Administración General del Estado ha sentado como un jarrón de agua fría sobre el resto del tejido productivo. En redes, la noticia se convirtió en tendencia indiscutible. El acuerdo, alcanzado entre el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública y los sindicatos mayoritarios reduce la actual jornada de 37,5 horas, beneficiando a unos 250.000 funcionarios a partir de febrero de 2026.
Los funcionarios viven como Dios.
— ParaMicroBio 𝕏☣️ (@ParaMicroBio) December 17, 2025
Trabajan poco y cobran bien, mientras los trabajadores tienen 40h/semanales y los autónomos trabajan 8-12 horas al día y no tienen derecho a descanso ni por paternidad.
Estoy cansado ya https://t.co/dTRslkNBqM
Llevan 2 años para bajar a 37,5 la jornada laboral, pero a los funcionarios se la van a bajar a 35 horas en un momento.
— Ceci (@ceci_1991) December 17, 2025
Luego que porque interesa ser funcionario en España…
Duro varapalo para el funcionariado administrativo, estas 35 horas semanales suponen el triple del horario efectivo actual. En esto no hay colores, mucho ánimo a los afectados. https://t.co/L3dS6p5bmZ
— JP (@JUANVID_24) December 17, 2025
El sentir general se inclina hacia una polarización marcada, con un predominio de voces críticas procedentes del sector privado. Muchos usuarios expresan frustración, percibiendo esta medida como un «privilegio» exclusivo para los empleados públicos, en contraste con las jornadas de 40 horas o más que prevalecen en el ámbito privado. Este agravio comparativo se amplifica en comentarios que aluden a la desigualdad en el mercado laboral, donde se argumenta que el Gobierno prioriza a un colectivo ya percibido como estable y protegido, mientras el resto de trabajadores lidia con precariedad, inflación y demandas de productividad crecientes. Este tono revela un malestar subyacente por la brecha entre sectores, exacerbado por el contexto electoral, donde se interpreta la decisión como una maniobra política para «comprar votos» entre el funcionariado.
La controversia no se limita a opiniones aisladas; ha generado hilos de discusión extensos y un flujo constante de interacciones. Mientras el Gobierno defiende la medida como cumplimiento de compromisos sindicales, las redes revelan un país dividido, donde el avance para unos se ve como retroceso para otros.
