La fiscalidad autonómica marca diferencias abismales en el coste de adquirir una vivienda. En 2025, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para pisos de segunda mano en Cataluña alcanza el 13%, más del doble que el 6% de Madrid, según un análisis reciente que ha reavivado el debate sobre la accesibilidad al mercado inmobiliario.
Una brecha que crece con el valor del inmueble
El ITP grava las compraventas de segunda mano. En Cataluña, desde junio de 2025, se aplica una tarifa progresiva: 10% hasta 600.000 €, 11% hasta 900.000 €, 12% hasta 1.500.000 € y 13% a partir de ahí. Además, un 20% excepcional para grandes tenedores. Madrid mantiene el 6% general, con bonificaciones para jóvenes y familias.
Para una vivienda media, la diferencia es menor, pero en inmuebles de alto valor se duplica o más. Por ejemplo: un piso de 2 millones paga unos 250.000 € de ITP en Cataluña vs. 120.000 € en Madrid.
La noticia ha generado un intenso debate en X
La mayoría de críticas giran entorno a la política fiscal de la Generalitat. El tono general es de indignación, con ironía sobre cómo esta fiscalidad disuade a compradores e inversores en Cataluña.
El fundador del @InstitutOstrom, @erchpunti denuncia directamente: «La Generalitat aplica desde 2025 un tipo en su ITP de hasta el 13% frente al 6% de la capital», acumulando cientos de interacciones.
La opinadora @seibur_ califica los tipos del 13-20% de «usura institucional» que castiga el acceso a la vivienda
El usuario @tonicantona señala la responsabilidad compartida: «La Generalitat (PSC, ERC i Junts) apliquen un tipus a la seva ITP de fins al 13%»
Esta disparidad fiscal no solo añade miles de euros al coste de compra en Cataluña —especialmente en segmentos premium—, sino que afecta la competitividad territorial, la movilidad residencial y la atracción de inversión. Mientras que Madrid opta por tipos bajos para dinamizar el mercado, la Generalitat prioriza progresividad y recaudación, con medidas para proteger vulnerables pero penalizando operaciones de mayor valor.
En un contexto de precios elevados, esta brecha plantea interrogantes: ¿provocará migraciones internas o fugas de capital? ¿Equilibra la recaudación extra los posibles efectos disuasorios? El mercado inmobiliario español se fragmenta aún más, y la elección de comunidad influye decisivamente en el bolsillo del comprador.
