A quienes consideramos indispensable desalojar a Sánchez de la Moncloa cuanto antes, por mera higiene democrática, nos conviene comenzar 2026 reconociendo la dura realidad y no hacernos falsas ilusiones, como a algunos les ocurrió tras las elecciones autonómicas y locales celebradas el 27 de mayo de 2023. Hay que tener muy claro que ni los pésimos resultados cosechados por el PSOE en las elecciones autonómicas en Extremadura el pasado 20 de diciembre, a los que dediqué mi columna la semana pasada, ni los resultados que obtenga Alegría, la devota seguidora de Sánchez y vieja amiga del caído compañero Salazar, por muy desastrosos que puedan serlo (¡Dios lo quiera!), y confirmen el desmoronamiento del PSOE de Sánchez en las urnas, van a cambiar un ápice la determinación de Sánchez de alargar cuanto pueda esta agónica legislatura o alterar su mensaje de que él y sólo él puede frenar el avance de la derecha y la ultraderecha involucionista en España.
El suelo electoral se hunde, pero no se desmorona
Por muy difícil que nos resulte comprender tanta fidelidad a quienes nos gusta mirar la realidad de frente, los hechos están ahí e indican que a pesar de toda la basura que ha salido a la superficie durante 2025 sobre la actividad de los más cercanos colaboradores de Sánchez, sigue habiendo un porcentaje muy elevado de ciudadanos (25,72 %, para ser exactos en Extremadura) que siguen votando al PSOE de Sánchez. No alcanzo a deslindar si lo hacen porque acaso le han pillado gusto a sumergirse en las aguas pestilentes de la corrupción y el fango, o si como devotos creyentes achacan todos los engaños y desmanes institucionales perpetrados por el presidente desde 12 de noviembre de 2019, todas las corruptelas que afectan de lleno al secretario general del PSOE y a su familia, así como todas las investigaciones y autos judiciales a fabulaciones de periodistas sin escrúpulos, respaldados por la UCO y una minoría de jueces y fiscales que, como aclaró el notario menor del Reino, no son imparciales ni independientes y “hacen mucho daño a la Justicia”.
Sea como fuere y aunque un buen número de votantes socialistas prefirieron abstenerse, a 1 de cada 4 ciudadanos que acudieron a votar en Extremadura no les importó respaldar a un partido cuyo candidato, Gallardo, que estaba ya acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias y había utilizado su posición como secretario general del PSOE en Extremadura para aforarse y afrontar con mayores garantías su delicada situación judicial. Sánchez está perdiendo apoyo entre los votantes, el partido se desliza por una delicada pendiente que puede mermar el grupo socialista en el Congreso formado por el PSOE y el PSC, pero Sánchez sabe que llegó a presidente contando con 85 diputados y el aval de todos los partidos cuyo objetivo principal es socavar el sistema político instaurado por la Constitución de 1978 y avanzar hacia una república confederal donde cada estado confederado contaría con un sistema judicial, una hacienda pública propias y una política exterior independientes.
Cuadrar los números no va a resultarle tan fácil
Conviene recordar cómo llegó Sánchez a la Moncloa el 1 de junio de 2018 para hacernos una idea de lo que podrían depararnos unas elecciones generales de aquí a julio de 2027. En aquella ocasión, a los 85 diputados socialistas, 75 del PSOE, 7 del PSC y 3 del PSOE-Nueva Canarias, se sumaron 95 diputados distribuidos de la siguiente forma; 45 de Unidos Podemos, 12 de En Común Podem, 9 de Compromís-Podemos-EUPV, 9 de ERC, 8 de CDC, 5 de En Marea, 5 del PNV y 2 de EH Bildu. La cuestión es si podría repetirse aquella situación de 2018, o las similares vividas tras las elecciones generales celebradas el 10 noviembre de 2019 y el 23 de julio de 2023 que concluyeron con la exitosa investidura de Sánchez.
La última estimación de voto publicada en el Barómetro de diciembre del CIS otorga a la suma de todos los partidos que respaldaron tanto la moción de censura a Rajoy como las dos investiduras de Sánchez 49,4 % de los votos frente a 40,1 % del PP, Vox y UPN. A la vista de estos pronósticos tan favorables para la coalición gubernamental, lo lógico sería que el presidente disolviera las Cámaras y convocara elecciones generales. Que Sánchez se resista a hacerlo y pretenda retrasarlas hasta 2027 constituye una clara indicación del escaso predicamento de que goza la alta cocina de Tezanos en Moncloa. Sánchez debe tener bastante claro que las cuentas no cuadran en este momento y está dispuesto a conceder casi cualquier cosa que sus avalistas le pidan para estirar la XV Legislatura con la vaga esperanza de que escampe la megra tormenta.
Algunos socialistas como García-Paje, presidente de Castilla la Mancha, han manifestado en numerosas ocasiones que prolongar esta legislatura realizando más y más concesiones a los independentistas y con un panorama judicial por delante que en lugar de aclararse se complica, está dañando la credibilidad del PSOE y puede tener el efecto contrario al buscado por Sánchez y provocar un desfondamiento del partido en todas las Comunidades Autónomas donde se convoquen elecciones autonómicas, porque, a su entender, “la mayor parte del castigo [en Extremadura] tiene que ver con la política nacional”, y podría ser un anticipo de la suerte que podría correr el PSOE de Sánchez en las próximos elecciones generales que, en ningún caso, podrá retrasar más allá de julio de 2027.
Cuidado con los estertores del subastero
A algunos de quienes consideramos urgente desalojar a Sánchez de Moncloa cuanto antes para salvaguardar el orden constitucional nos mueve precisamente el temor a lo que pueda hacer un presidente desperado -que cada lector elija cuál de las dos acepciones de la RAE le parece más apropiada al caso- en los próximos meses para contentar a sus avalistas: ERC y Junts, PNV y EH Bildu, cuatro enemigos declarados de la España constitucional. Los rufianes republicanos y los prófugos de la justicia declararon la independencia el 27 de octubre de 2017 en el Parlamento de Cataluña y fueron amnistiados por Sánchez y los mentores de EH Bildu intentaron durante décadas derrocar al gobierno constitucional practicando la extorsión, los secuestros y el asesinato durante varias décadas. Que, en estos momentos, el PSOE y el PSC impongan un cordón sanitario a Vox, pero consideren socios preferentes a dos partidos liderados por golpistas y a los herederos de ETA da una idea de la degeneración moral alcanzada por el PSOE de Sánchez y los peligros que nos acechan mientras siga ejerciendo de presidente.
Dentro de unos días, sin ir más lejos, Sánchez piensa reunirse con Junqueras porque el republicano quiere “obligar al Partido Socialista a cumplir con lo que ha firmado, porque todos saben que, en general, el PSOE no hace, sino que se le obliga a hacer”. Y lo que ha firmado no es otra cosa que asestar la puntilla al sistema de financiación de las Comunidades de Régimen Común para conceder a Cataluña una financiación singular, esto es, privilegiada. Pero hay más sobre la mesa: Junqueras ha apuntado con el índice acusatorio a un elemento esencial de nuestra democracia, la independencia del poder judicial, porque según el delincuente condenado por el Tribunal Supremo y amnistiado por Sánchez, “es evidente que el sistema judicial español sigue siendo en muchos aspectos heredero de la vieja dictadura… [y] todos saben que funciona mal… [y] demuestra una escasa sensibilidad sobre lo que la sociedad cree que es justo”. Palabra de delincuente.
Sánchez ha manifestado también su intención de reunirse con el prófugo de Waterloo, el otro delincuente al que prometió traer a España para sentarlo en el banquillo, pero no para traérselo esposado precisamente en el Falcon, sino para recuperar a “actores políticos que cuentan con la legitimidad, con el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”. El tema de fondo de este futuro encuentro no es otro que perpetrar otro trueque indecente como el de amnistía a cambio de investidura consumado el 16 de noviembre de 2023. No sabemos con certeza cuáles son los ‘gestos’ que el prófugo exigirá al truhan cuando se ‘ajunten’, pero nada bueno puede salir de este oscuro intercambio para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Sintiendo ya el aliento de Alianza Catalana en el cogote, el prófugo no va a conformarse ya con concretar las transferencias sobre control de inmigración y fronteras, gestión de la red de cercanías, etc., sino que podría exigir a Moncloa realizar un nuevo referéndum de autodeterminación, a cambio de aprobar los Presupuestos Generales del Estado 2026.
Lo que está por caer
Cesión de la recaudación del IRPF, financiación singular para Cataluña, territorialización del sistema judicial y referéndum de autodeterminación podrían ser las piezas mayores que Junqueras y el prófugo de Waterloo quieren extraer ahora de un Sánchez, más débil que nunca, cercado por la corrupción y los escándalos en el bunker de Moncloa, con los líderes del PNV y EH Bildu siguiendo la situación con suma atención muy de cerca para pasar también su ennegrecida patena en el momento oportuno. La reciente visita de Otegui al prófugo, después de que éste anunciara su ruptura con Sánchez, para convencerle de la conveniencia de alargar esta agónica legislatura, debería hacer saltar todas las alarmas en el PSOE y entre los votantes socialistas,
No me extraña que algún líder histórico como González haya manifestado, tras aprobarse en mayo de 2024 la ignominiosa ley de amnistía para borrar los delitos de los líderes golpistas de ERC y Junts, que se siente engañado y no está dispuesto a votar al partido que él mismo refundó y lideró durante más de dos décadas. O que García-Paje se lamente en vano de que “los que han despreciado la vida y la han atacado siempre han sido una línea mucho peor que roja, muy negra, y lo van a seguir siendo”. ¿No se sienten asqueados los votantes del PSOE al ver al presidente de España dispuesto a dejar Cataluña y el País Vasco en manos de delincuentes, algunos con las manos manchadas con la sangre de compañeros de su propio partido?
