Las consecuencias del desalojo del antiguo instituto B-9 de Badalona han vuelto a situarse en el centro del debate político catalán. El secretario general de VOX y presidente del grupo parlamentario en Cataluña, Ignacio Garriga, ha exigido que las personas desalojadas del edificio sean reubicadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona para proceder a su expulsión. La propuesta ha reavivado la polémica política y social.
@VOX_Cataluna, cuenta oficial de VOX en Cataluña, defiende que la reubicación en el CIE es la única vía legal tras años de permisividad y acusa a las administraciones de haber tolerado una ocupación ilegal prolongada.
El desalojo del B-9: años de ocupación y una orden judicial
El desalojo del B-9 se ejecutó el 17 de diciembre de 2025 por orden judicial, a petición del Ayuntamiento de Badalona y con un amplio dispositivo de los Mossos d’Esquadra. El edificio, un antiguo instituto abandonado, llevaba años ocupado y llegó a albergar a cientos de personas, en su mayoría inmigrantes sin título habilitante.
Durante la operación se identificó a más de 180 personas y se produjeron varias detenciones conforme a la legislación vigente. Tras el desalojo, parte de los ocupantes quedó sin alternativa inmediata, dando lugar a asentamientos improvisados y protestas en el entorno.
La posición de Garriga y VOX
Garriga ha defendido que la única respuesta coherente pasa por activar los mecanismos previstos en la ley de extranjería, trasladando a los desalojados al CIE y ejecutando los procedimientos de expulsión. Desde VOX se vincula el caso con políticas migratorias fallidas y con la tolerancia institucional hacia la ocupación ilegal.
Garriga ha insistido en que no se trata de un problema de vivienda, sino de orden público y cumplimiento de la ley, criticando tanto al Gobierno central como a las administraciones autonómicas y locales.
Críticas y respuestas desde otros ámbitos
La propuesta de VOX ha sido rechazada por organizaciones sociales, entidades religiosas y partidos de izquierda, que denuncian la falta de alternativas habitacionales tras el desalojo y reclaman soluciones de emergencia.
@VOX_Cataluna, en un segundo mensaje, carga contra PSC, Comuns y separatismo por lo que considera una política de brazos caídos que ha derivado en ocupaciones masivas y conflictos sociales.
El caso incluso ha llegado a instancias europeas, donde se han planteado preguntas sobre la actuación de las autoridades.
Inmigración, ocupación y el choque de modelos
El episodio del B-9 refleja un choque cada vez más evidente en Cataluña: aplicación de la ley y control migratorio frente a respuestas asistenciales sin límites claros. Desde una perspectiva liberal, la paradoja es conocida: la dejación institucional genera problemas que luego se usan para justificar más intervención. Sin reglas claras, ni inmigración ordenada ni convivencia sostenible son posibles.
